La “toma” de las oficinas centrales del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en La Paz, por parte de grupos de personas que rechazan los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, impide que la administración tributaria pueda realizar las transferencias de recursos por coparticipación a los gobiernos autónomos y universidades públicas.
“A consecuencia de eso, Impuestos Nacionales no está haciendo la coparticipación tributaria de los recursos, o sea las universidades no están recibiendo recursos del Estado, las alcaldías no están recibiendo recursos, las gobernaciones no están recibiendo, entonces qué está pasando, por qué no nos dejan trabajar”, dijo el presidente del SIN, Mario Cazón, en entrevista en el programa Anoticiando de la red televisiva ATB.
De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez y la Ley 195 del 9 de diciembre de 2011, los beneficiarios de los ingresos de coparticipación tributaria son las universidades, los gobiernos autónomos municipales (GAM) y gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOC).
El lunes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a través de un cabildo efectuado en la capital cruceña, instruyó la toma de instituciones públicas en exigencia de la renuncia del presidente Evo Morales por el supuesto fraude en los comicios del pasado 20 de octubre.
A partir de esa noche, los grupos que apoyan las determinaciones del cabildo cruceño iniciaron con la “toma pacífica” de las instituciones estatales como Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Banco Unión, entre otras entidades públicas.
Cazón anunció que por ese perjuicio que ocasionan los movilizados, se acudirá ante las instancias legales para que se inicien las acciones penales. Además, se hará conocer ante los organismos internacionales los impedimentos que sufren los funcionarios para el desempeño de sus funciones.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia), Álvaro Ruiz, lamentó la determinación de algunos grupos que no están de acuerdo con los resultados de los comicios e impidan que los funcionarios del SIN desarrollen sus funciones. Esas medidas de presión afectarán principalmente a la economía de los municipios más pequeños y del área rural, sostuvo.
“El perjuicio va a empezar a llegar desde este mes, generalmente los recursos que captan estas instituciones públicas son transferidos a finales o principios de cada mes, el perjuicio ya ha llegado con la transferencia de este mes. Los municipios reciben recursos de coparticipación de acuerdo a algunos criterios según su población”, dijo el titular de la FAM.
El Presupuesto General del Estado (PGE) de la presente gestión establece que el importe para los municipios es de Bs 8.046 millones y para las universidades públicas, Bs 2.154 millones.
Cazón lamentó que el municipio de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) estén apoyando las medidas de presión y asuman la toma de instituciones, a pesar del perjuicio que ocasionaría para ambas entidades autónomas.
(08/11/2019)
