El pleno de la Cámara de Diputados sancionó la noche de este sábado, por unanimidad, la Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales". La normativa fue enviada de inmediato a la presidente Jeanine Áñez, quien anunció su promulgación para la tarde de este domingo.
"No habiendo mayores consideraciones queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales", anunció el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, al término de la sesión. Luego la norma pasó a manos del Ejecutivo.
La ley consta de 24 artículos y cinco disposiciones finales.
Choque aseguró que pese a las diferencias políticas que se tiene entre bancadas, en la sesión primó el interés del pueblo boliviano al que era necesario darle certidumbre de que los legisladores quieren pacificar el país.
"En este momento ya se está remitiendo la Ley que hemos aprobado acá en la Cámara de Diputados, esperemos que mañana ya la esté promulgando la presidenta en transición", precisó en un breve contacto con los periodistas.
De acuerdo con la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, se deja sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre y se da lugar a nuevos comicios para elegir a mandatarios.
Sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la norma señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará un nuevo proceso de elección, en un máximo de hasta 20 días calendario, desde la aprobación de reglamento.
En cuanto a las elecciones generales, los vocales del TSE dentro de los dos días calendario siguientes a su posesión, emitirán la convocatoria para las elecciones generales 2020.
Asimismo, el TSE a través del Servicio de Registro Cívico (Sereci) realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para dichos comicios.
La Ley también establece que podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la norma.
Respecto a los candidatos, la norma establece que los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua, a un cargo electivo, durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.
