Comunidad Ciudadana (CC) denunció este martes un intento de "boicot" judicial a la campaña de su candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, y se declaró en estado de emergencia. Acusó al fiscal Samuel Lima de ser uno de los operadores de este plan, en beneficio del candidato y presidente Evo Morales.
La denuncia la hizo en una conferencia de prensa el vocero de CC, Carlos Alarcón, acompañado de los candidatos de este frente a diputados y senadores.
Dijo que el biocot quedó en evidencia con la citación a una audiencia de medidas cautelares por el caso PAT que recibió la gerenta de campaña de CC, Ximena Valdivia, para este miércoles 16 de julio, fecha en la que se realizará el cierre de campaña en una de las plazas electorales más importantes del país: Santa Cruz.
“Da a casualidad que existiendo la imputación formal del fiscal Lima desde el 22 de septiembre recién se le ocurre a la juez fijar esta audiencia cautelar para el miércoles 16 de octubre, para mañana, a cuatro días del acto de votación del día domingo. Cuando obviamente esta audiencia cautelar se hubiera podido fijar, sin ningún problema, para pasado el día domingo”, cuestionó.
Aseguró que con ello no solamente se afecta a CC con la ausencia de Valdivia en un momento clave de la campaña, sino que además se perjudica el operativo de control de votación que organizó este frente para el domingo 20 de octubre, en el que la gerenta de campaña es pieza clave del proceso.
“El MAS utiliza a estos sus operadores fiscales y judiciales para atentar contra la candidatura de Carlos Mesa con este nuevo atentado”, denunció, para luego anunciar la declaratoria de emergencia de este frente y la presentación de un recurso para que la jueza cambie la fecha de la audiencia para después del domingo de elecciones.
Dijo que, en paralelo al pedido directo que realice la defensa de Valdivia, los candidatos a legisladores de CC enviarán un pedido con el mismo tenor y además presentarán un informe sobre este asunto ante los observadores internacionales que llegan al país para hacer un seguimiento de las elecciones.
Alarcón calificó a los operadores judiciales como “paramilitares” que actúan en favor de una “dictadura” y mostró alrededor de una decena de antecedentes del fiscal Lima obtenidos de la base de datos del Sistema Integrado del Servicio Judicial.
Entre ellos, dijo que el fiscal tiene un proceso por cohecho pasivo propio (posible delito de soborno) abierto en 2016, además de dos por incumplimiento de debveres, uno de ellos vinculado a un caso de violación.
(15/10/2019)
