La Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) amplió por un año más la intervención a la Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) debido a que ocho municipios no pudieron conformar aún una empresa metropolitana.
El director de la AAPS, Víctor Rico, informó que la determinación fue tomada al amparo de la Ley 1210, aprobada el 9 de agosto de 2019, que establece que el nivel central podrá de forma excepcional prestar el servicio “por capacidad institucional, administrativa y técnica insuficientes, o ausencia de acuerdos entre las entidades territoriales autónomas involucradas”, según dispone el inciso c) del artículo tercero de la norma.
“La ley que se aprobó en agosto no es específica para EPSAS, sino genérica para varias empresas que (prestan) servicios en más de dos municipios”, explicó.
EPSAS está intervenida hace seis años y cinco meses. El 1 de abril de 2013, la autoridad sectorial intervino la operadora. Entonces se dijo que en seis meses debía encaminar la conformación de una empresa metropolitana que preste el servicio a La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Mecapaca, Palca, Achocalla y Pucarani.
Sin embargo, el plazo fue ampliado de manera sucesiva. Primero seis meses, hasta el 1 de abril de 2014; luego, 18 meses, hasta el 1 de octubre de 2016. Posteriormente, la intervención fue extendida por un año, hasta 2017; en 2018, por otro año, plazo que venció ayer, 1 de octubre de 2019.
Rico indicó que las alcaldías de La Paz y El Alto presentaron —en 2016— una propuesta de creación de la empresa Unión Metropolitana por el Agua (UMA), con documentos de respaldo del Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa). “Se les hizo esa observación. Ellos tuvieron que hacer un recurso de revocatoria, que fue rechazado en primera instancia. Luego acudieron a la autoridad jerárquica, que ratificó el criterio de la autoridad reguladora”.
Ante esta situación la Alcaldía paceña y Samapa presentaron un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre.
“Entretanto no haya formalidad de la presentación de una intención de administrar, continúa la intervención hasta que se cumplan los requisitos y el proyecto sea aprobado”.
Ayer, durante la sesión del Concejo, Cecilia Chacón, de Soberanía y Libertad, denunció que la Ley 1210 tiene como “único fin” impedir que los gobiernos locales de La Paz y El Alto asuman la prestación del servicio, por lo que solicitó al pleno la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la norma, que está en manos de la directiva.
“La norma es inconstitucional, puesto que se está regulando sobre una competencia exclusiva de los gobiernos municipales y que fue analizada por el Tribunal Constitucional en 2012”, dijo.
La Razón buscó la contraparte de la Alcaldía de La Paz, que envió una nota de prensa, según la cual el director de Empresas, Entidades y Servicios Públicos, Martín Fabbri, destaca que la prestación del servicio es competencia exclusiva de los gobiernos locales, violada desde 2013.
También da cuenta de la presentación de tres recursos contenciosos administrativos y un pedido de conciliación ante el Servicio de Arbitraje, que fue aceptado y se espera que convoque a las partes a la primera audiencia.
(02/10/2019)
