Tres expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) deslindan responsabilidades sobre los 24.866.415 bolivianos que la actual gestión intenta establecer dónde están y advierten con iniciar acciones legales en contra del presidente César Salinas por comprometerlos.
Un informe de análisis realizado a las auditorías financieras y especiales de las gestiones 2015, 2016 y 2017, a cargo de la empresa Auditores Gonzales & Asociados, concluye tras una labor de peritaje que hay observaciones a ciertas rendiciones de cuentas, motivo por el que la FBF extendió cartas notariadas a los expresidentes Marco Ortega, Rolando López, Marco Peredo y Carlos Ribera, a fin de que presenten sus descargos hasta el 21 de este mes.
“No estamos culpando a nadie de que se haya robado la plata, lo que ellos tienen que hacer es un descargo y decir ‘esto pertenece a esto, aquí están los registros’. Estamos preparando la documentación para que cada uno asuma el derecho a su defensa. Las únicas pruebas que tenemos hoy son las conclusiones de las empresas de auditoría que dicen que hay un monto de dinero por cobrar, pero no hay más precisiones, y por eso los auditores se abstienen de opinar sobre esos estados financieros porque no encontraron documentos contables”, explicó Fabián Gonzales, miembro de Auditores Gonzales & Asociados SRL.
Peredo, Ribera y López calificaron la acción que los involucra como “una cortina de humo” para tapar algunas denuncias en contra de Salinas.
“Nos conminan en una carta notariada a presentar descargos o a pagar un dinero que nosotros no hemos administrado, porque son saldos que vienen de 2014. Se nos quiere involucrar porque supuestamente no cobramos cuentas pendientes de rendiciones que vienen desde 2014. Esos informes nunca fueron de nuestro conocimiento porque están en la Fiscalía”, dijo Peredo, en alusión a que la documentación fue secuestrada en el marco de una investigación al extitular de la FBF Carlos Chávez.
Con Ribera contrataron a dos auditoras cuyo informe inicial sugiere iniciar acciones legales en contra de la empresa de auditoría que hizo el peritaje para la FBF “por actitud temeraria, irresponsable e ilegal” y preparan una respuesta técnica y jurídica para presentarla a la FBF.
En el mismo tono, Ribera calificó como una “cortina de humo” la nota de la FBF para tapar denuncias a la actual gestión hechas por periodistas, árbitros y reclamos de los clubes de la División Profesional, que aspiran a obtener más dinero por la participación de la selección nacional en la Copa América Brasil 2014.
“Nos cobran una plata que no administramos. Es de las gestiones 2014 y 2015. Hay un atrevimiento porque nos mandan números de cuenta para que paguemos algo que no administramos”, enfatizó Ribera, quien agregó que Salinas tendrá que pedir disculpas por su acción, porque “tengo las manos limpias, él no es Dios o juez para mandarnos a pagar ese dinero”.
Según López, es “aberrante” la nota enviada a los cuatro expresidentes. Frente a ello, el lunes a mediodía remitió una carta de descargo en la que rechaza el contenido del documento porque la figura de informe pericial no existe en el estatuto de la FBF.
“Los informes periciales se realizan en litigios o procedimientos judiciales, no me corresponde aceptar o rechazar dicho informe porque no soy el juez que ha requerido y tampoco estoy en litigio con la FBF”.
Deslindó su responsabilidad respecto a que debió hacer un seguimiento a las recomendaciones presentadas a la auditoría a la gestión de Marco Ortega, pues la misma llegó a la FBF el 27 de enero de 2017, dos semanas después de que fue destituido de su cargo. “Cómo se le ocurre que tenga que hacer seguimiento a una auditoría entregada cuando ya no ejercía la presidencia de la FBF”.
Al hallar “una serie de errores en la nota”, califica como “inadmisible que tenga que presentar una rendición de cuentas o descargo”; en cambio, lo que “corresponde es dejar sin efecto la carta notariada enviada a mi persona y a otros tres expresidentes; con las respectivas aclaraciones de prensa y así evitar acciones legales por el delito de difamación previsto en el artículo 282 del Código Penal”.
(16/10/2019)
