Después de más de 13 años en el poder, Evo Morales tuvo un evidente desgaste, impulsado por los excesivos lujos, la corrupción y el autoritarismo. Pero lo que rebalsó la gota en el vaso de agua fue la vulneración, en dos ocasiones, del Art. 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que los mandatarios pueden estar en el poder únicamente por dos mandatos consecutivos. Sin embargo, Morales vulneró esta disposición primero con una autorización del Tribunal Constitucional (TCP) para una tercera postulación en 2014.
No satisfecho con un tercer mandato, que podría calificarse de fraudulento, en 2016 sometió a referéndum su intención de ampliar el número de reelecciones consecutivas a las que un jefe de gobierno podía optar. Pero el 51,3% de la población boliviana rechazó esta modificación. Y a pesar de este resultado, en septiembre de 2017 Morales apeló nuevamente al TCP, cuyos magistrados “anularon” la vigencia del Art. 168 de la CPE a través de una interpretación forzada. Argumento que le permitió al Tribunal Supremo Electoral aceptar su candidatura para un cuarto mandato en 2018, causando la indignación de la ciudadanía.
Con estos antecedentes, llegaron las elecciones del 20 octubre. Y durante estos comicios Morales utilizó todo el poder a su disposición para evitar ir a un balotaje con Carlos Mesa, según pudo constatar una auditoría elaborada por expertos de la OEA. Fraude electoral que, según establece la Constitución de Bolivia, constituye un grave delito.
En consecuencia, la renuncia de Evo obedece a que se olvidó del pueblo y de los indígenas que le endosaron su confianza. Defraudándolos, violentando los principios democráticos que lo llevaron al poder debido a los abusos de sus antecesores. Todo lo cual evidencia que el poder no cambia a nadie, únicamente surge la esencia egoísta y miserable de los individuos cuando lo ostentan. Al extremo, en el caso de Morales, que hasta tenía “asesores” para que le sujetasen las cintas de las zapatillas.
Estos abusos deberían quedar plasmados en la mente de los votantes para que, en futuras elecciones, no elijan a paladines que se autodenominan honestos, adjudicando su rectitud a su origen humilde y con limitaciones. Pues el tener o no tener recursos no es garantía de honradez a la hora de ejercer un cargo público. Ningún boliviano debería olvidar tampoco los abusos ejercidos por el poder en favor de los correligionarios de turno. Llegando incluso a obnubilar a todo un pueblo con el cuento de que el Socialismo del siglo XXI era sinónimo de igualdad de clases.
Pero lo que nunca nadie les aclaró es que esa supuesta igualdad viene diseñada de fábrica (Cuba), para favorecer únicamente a los de la cúpula, a quienes detentan el poder. Para que puedan vivir como príncipes en mansiones, viajar en jet privados, tener cuentas bancarias millonarias no rastreables y permitir que sus hijos estudien en las mejores universidades capitalistas. Todo ello a costilla de los impuestos de la gente honesta.
Quienes defienden este sistema desprecian en público al capitalismo, mancillan la bandera del “imperio” (Estados Unidos). Pero nunca emigran hacia Cuba o Venezuela y menos a Nicaragua, sino, siempre, a países democráticos, donde existe libertad empresarial y pueden continuar su vida de príncipes, gastando el dinero robado de los pueblos sufrientes… Cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, tal como lo dijo Jesús en una ocasión a los fariseos.
* Consultor legal y de negocios. Twitter: @JaimeRamirezO
