El Gobierno calificó como una agresión económica el conflicto en el puerto chileno de Arica que provocó 15 días de perjuicios a la carga boliviana. La Cancillería informó que una comisión binacional definirá la modalidad para el cobro de las tarifas.
El 5 de agosto se activó el problema, cuando la privada Terminal Puerto de Arica (TPA) decidió aplicar, de manera unilateral, el Manual de Servicios en el atracadero, lo que derivó en un incremento de los costos para la mercadería nacional, rechazado por la estatal Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B).
Esta institución explicó que la aceptación implicaba un aumento de 200% en las tarifas. Pero la Empresa Portuaria Arica (EPA) se encargó de aplicar la decisión. Y el 17 de septiembre, TPA determinó que se cobre por adelantado a la carga regentada por la ASP-B, ya que se incumplió el pago anticipado establecido por el Manual.
Por ello, la mercadería nacional resultó “retenida” en la terminal, sin atención. Más de 1.400 camiones quedaron varados. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reveló a La Razón que las pérdidas ascendían a $us 9,3 millones por día. O sea, en las 15 jornadas de conflicto, hasta el martes, se perdieron $us 139,5 millones.
El vicepresidente Álvaro García, en entrevista con La Razón, expuso ayer la posición del Gobierno. “Es una señal que intenta Chile desde tiempo atrás, de privatizarlo todo; lo que hace es deshacerse de los acuerdos del Tratado de 1904 y pasarlo a los privados. En términos de estrategia jurídica, es una violación más al Tratado; en términos económicos es una agresión”.
Para intentar convencer a la entidad boliviana, la EPA planteó un descuento del 38%; empero, la ASP-B expuso que implicaría un 102% de incremento en los costos, lo que pondría en riesgo los números de la Administración y atentaría contra el comercio exterior del país. Y lanzó una contrapropuesta: 10% de alza tarifaria, lo que fue descartado por la estatal chilena.
Ante las dificultades para hallar un punto de coincidencia, y sobre todo por los perjuicios, los representantes de ambas instituciones se reunieron entre el lunes y martes en Arica. El único acuerdo fue la atención inmediata de la carga nacional, pero se dejó en suspenso la definición de las tarifas, para lo cual se marcó una “hoja de ruta”.
“Es una agresión porque te quieren subir las tarifas, hasta 100%; en vez de que se trate ello de Estado a Estado, ahora uno tiene que tratar ello con un privado (TPA), cuando las reglas del Tratado de 1904 no eran esas, sino una relación entre Estados. El Estado chileno quiere deshacerse de los problemas y pasarlos a los privados. Y lo están manejando mal, porque en el fondo nos están creando condiciones más adversas para ese puerto”, remarcó García.
El Vicepresidente sostuvo que estos desencuentros se dan en un momento político sui generis, “en que cualquier problema se vuelve algo gigante. Pero a lo largo, lo que están provocando es que miremos a otros puertos; no podemos estar sometidos a este tipo de abusos, arbitrariedades, acciones inconsultas de un país hermano. Están abusando y nos llevan a que veamos, con más razón, a otros puertos para llevar y traer nuestra carga”.
Ayer, el canciller Diego Pary informó que un preacuerdo entre la ASP-B y la EPA permitió reactivar la fluidez en el despacho de contenedores con carga boliviana en la terminal de Arica. Explicó que se conformó una comisión binacional que analizará los criterios para definir una modalidad de trabajo que establezca el tema de los futuros costos en el atracadero.
“Lo que se quiere definir son criterios que permitan realizar anualmente los incrementos y, para ello, propusimos que podamos tener, como punto intermedio, un organismo internacional que pueda coadyuvar y ayudar a definir ello (…) y que no sean incrementos unilaterales impuestos”. Dijo que la ASP-B realizó un pago para “liberar” la mercadería.
En medio de esto, los empresarios del país plantearon, el anterior mes, la conformación de una alianza público-privada que se encargue del manejo de la carga nacional por la terminal chilena, lo que conllevaría a que la ASP-B solo cumpla tareas de fiscalización. El tema fue planteado a la Cancillería y el gremio espera que la decisión sea definida por el presidente Evo Morales.
(03/10/2019)
