El gobierno de Jeanine Áñez respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las Fuerzas Armadas “no tienen carta blanca para actuar” y que el decreto que los exime de responsabilidad penal cuando participen en el restablecimiento del orden busca preservar la integridad de los bolivianos y evitar vandalismo.
De esa forma respondió el Gobierno al primer pronunciamiento de la CIDH sobre el decreto 4078, al que lo calificó de “grave” por su contenido. “Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”, advirtió el sábado el organismo en un mensaje en Twitter.
En un comunicado difundido por la Cancillería, se establece que “Las FFAA no tienen carta blanca para actuar más allá de los límites legales establecidos en la legislación boliviana, incluyendo el Decreto Supremo 4078, y por tanto deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos”.
Para el Gobierno de Áñez el eximir de responsabilidad penal a los militares está en enmarcada en las legislación boliviana para “situaciones en las que el personal de las FFAA actúe en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, todo ello en el marco de respeto de los Derechos Humanos”.
También aclaró que “el objetivo del Decreto Supremo es preservar la integridad de las bolivianas y bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo, que ya se efectuaron en contra de domicilios privados, establecimientos comerciales y reparticiones de la policía nacional, incluyendo la quema de buses del transporte público y el saqueo a reparticiones estatales.
La CIDH) advirtió el lunes en un comunicado del riesgo de impunidad en hechos de violación de los derechos humanos en Bolivia, luego de que el gobierno pusiera, el 14 de noviembre, en vigencia el decreto que exime a los militares de responsabilidad penal por sus actuaciones en los operativos frente a los conflictos sociales.
Militares y policías actúen en operativos conjunto contra bloqueos y movilizaciones. Este martes intervinieron el bloqueo de Senkata en El Alto para sacar cisternas con combustible para La Paz, lo que dejó tres muertos y varios heridos, según la Defensoría del Pueblo. (19/11/19)
