La información es un recurso necesario para la definición de las preferencias electorales. Lo han dicho diversos estudiosos, y en sentido lógico, ésta es una verdad ineludible. Mas no por ello la falta o ausencia de información daría lugar a decisiones irracionales; puesto que racionalmente el votante suele tomar atajos para decidir su voto. Por ejemplo, en torno, a la ideología y la posición del partido, en la medida en que estas sean coincidentes con la ideología y posición del elector. En este sentido, a falta de información, las decisiones electorales podrían derivar también en elecciones razonables o mínimamente razonadas.
No obstante, aun en esta situación, la información sigue siendo el recurso fundamental para la toma de decisiones electorales. Irónicamente, las elecciones que tenemos en puerta han venido discurriendo por la generación de escasa información, ya sea por la ausencia de debate político, la configuración mínima del mensaje, los discursos y los actos repetitivos. O ya sea por el siempre cuestionable artilugio de la “guerra sucia”, que en este caso, como en anteriores eventos electorales, fue utilizado como una chicanería para evadir la responsabilidad de aclarar aquello que necesita ser aclarado, y que es propio de los procesos electorales, cuando éstos giran en torno a la campaña negativa. Pero a partir de ese argumento, al votante se le negó información, y el contenido de los spots televisivos, al menos eventualmente, parece no estar saldando ninguna duda.
En teoría, la información permitiría que la decisión del elector sea transitiva, reflexiva y completa; es decir, que sea una decisión racional. Ésta sería tal porque estaría enmarcada en una lógica de cálculo costo-beneficio, que consistiría en comparar opciones y elegir la opción política que a juicio del votante le otorgaría mayores beneficios posibles. El problema es que en el plano de la política real, procesar toda la información, tal que ello permitiera la concreción de decisiones racionales, no siempre es posible. No solamente debido a la imposibilidad de contar con toda la información, sino también porque calcular el voto depende de tratar con información variada, lo que en términos racionales resulta costoso. Algunos lo harían, por lo que no se descarta esa posibilidad, pero ante la ausencia de información, cabe también que los electores puedan emitir un voto razonable.
El voto razonable se funda en un juicio estrictamente ético, pues deriva de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. El votante valora así las malas y las buenas acciones, los procederes correctos e incorrectos. Por lo que el voto así definido representa un premio o un castigo para quien lo detenta. Aunque esta forma de expresar el voto aún no es reflejado por una teoría concreta (puesto que depende de acercarse a la subjetividad del elector), su plausibilidad es alta, teniendo en cuenta la moralización de la política, actualmente.
En todo caso, la información se ratifica una vez más como un recurso fundamental para la definición de las preferencias electorales. Pero el contraargumento podría ser que en realidad la gente no vota racional ni razonablemente, porque el sufragio está definido por la preferencia partidaria o por algún tipo de identidad, y que por lo tanto, los votantes no son racionales.
Sin embargo, las decisiones se producen por selección de preferencias, y una preferencia está fundada mínimamente en una decisión razonada. Y este es precisamente el significado del voto en una democracia representativa que, más allá del acto eleccionario, permite convertir al voto en un dispositivo de rendición de cuentas de los gobernantes y aspirantes al poder.
* Doctor en Sociología, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.
