En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las "decenas" de exfuncionarios y personas relacionadas con el expresidente Evo Morales que "ahora son perseguidas" en Bolivia.
En su primer informe del año sobre la violación de los derechos humanos, Bachelet abordó los casos no solo de Bolivia, sino de Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos.
En el caso de Bolivia, informó que envió una misión para apoyar los esfuerzos de la ONU por superar la actual crisis política y social.
“La crisis post electoral del año pasado causó al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos durante los operativos policíacos y militares”, apuntó, según una nota de prensa de la ONU.
En Sacaba, Cochabamba, murieron 10 personas por herida de bala, cuando intentaban cruzar en una mucha un cerco tendido por militares y policías para evitar lleguen al centro cochabambino en apoyo a Morales. En Senkata, El Alto, los militares y policías intervinieron un bloqueo de la planta de hidrocarburos que acabó con nueve muertos, también por herida de bala. El Gobierno aseguró que los militares no dispararon y lanzaron la hipótesis que las balas salieron de los propios movilizados.
Bachelet expresó preocupación "por las decenas de ex funcionarios del Gobierno depuesto y de personas relacionadas con éste que ahora son perseguidas".
En la administración de Jeanine Áñez se activaron procesos por delitos como terrorismo y sedición contra exautoridades de gobierno como los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, quienes permanecen, junto a otras exautoridades, en la residencia mexicana sin poder abandonar Bolivia. El exministro Carlos Romero se encuentra en la cárcel por el caso UELICN, al igual que el exministro César Cocarico por la denuncia de una designación ilegal en el INRA.
También fue remitida a la cárcel la excolaboradora y abogada de Morales Patricia Hermosa por haber sostenido conversaciones telefónicas contra el exmandatario, que se encuentra asilado en Argentina. El primo del expresidente también fue encarcelado por contactos telefónicos.
En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) halló "graves violaciones de derechos humanos" en la crisis política y social desatada tras las elecciones anuladas del 20 de octubre por denuncias de fraude y la renuncia de Morales. La postura está contenida en el informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en Bolivia.
Se prevé la visita de una nueva misión "in loco" al país, con el fin de realizar una investigación más amplia de los hechos de violencia. El 21 de febrero, el gobierno de Jeanine Áñez pidió a la CIDH apartar a los argentinos Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) formado para una visita a Bolivia. (27/02/2020)
