Tras una investigación, la Dirección General de Migración desbarató una “red de corrupción” que operaba en esa institución, ya que funcionarios permitían viajar a personas con órdenes de aprehensión y arraigo. Hay cuatro empleados encarcelados.
“Las investigaciones están avanzando; lo que encontramos es toda una red de corrupción de alcance nacional, eso lo puedo garantizar. Estamos hablando de cuatro funcionarios que son parte de la red que dejaban salir a personas que tenían arraigos y que estaban buscadas por la Justicia”, reveló a La Razón el director general de Migración, Marcel Rivas.
La autoridad explicó que los cuatro ahora exfuncionarios fueron encarcelados por órdenes de la Justicia. Estas personas ayudaban a individuos que tenían dificultades judiciales en los departamentos de Tarija y Cochabamba, por lo que se inició una pesquisa en las oficinas del país.
El primer caso se descubrió en diciembre de 2019, en la ciudad tarijeña de Bermejo, donde un funcionario colaboraba a que salga e ingrese una boliviana con notificación de arraigo desde hace 10 años. De acuerdo con las pesquisas, en Argentina la mujer tenía un flujo migratorio frecuente y normal, en Bolivia no tenía nada.
El otro caso se registro en Cochabamba, a principios de enero. En esa región, dos funcionarios fueron implicados con irregularidades porque ayudaron a un hombre a realizar viajes, pese a que tenía arraigo y orden de captura, además que el sujeto tenía más de 60 denuncias penales en su contra por diferentes delitos.
“Por eso se iniciaron acciones penales en contra de estas personas y también para identificar a los nexos. En ese sentido, las pesquisas se ampliaron a todos los departamentos para verificar que no exista el mismo comportamiento y sigan operando miembros de la red nacional”.
La autoridad aseguró que estos exfuncionarios no trabajan solos y que se trata de establecer hasta dónde llega esta red y si hay más funcionarios implicados, incluso exautoridades.
En ese sentido, Rivas reveló a este diario que hace dos días se encontró a dos personas que, presuntamente son miembros de la red de corrupción, en el departamento de Oruro. Estos sujetos no son funcionarios de Migración, pero tienen conexiones e incluso se hacían pasar por empleados de esta repartición estatal.
Rivas advirtió que no se permitirá que haya impunidad, por lo que la Fiscalía investiga si existen otros involucrados más, porque estarían beneficiando a delincuentes que tienen arraigos o personas que tienen múltiples delitos. Aseguró que los cuatro exfuncionarios encarcelados eran antiguos y que dos de ellos fueron recomendados con cartas por dirigentes políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ante estos hechos, a principios de este mes, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General suscribieron un convenio interinstitucional sobre flujo migratorio, con el objetivo de que la Dirección General de Migración de Bolivia acceda a datos sobre ciudadanos que tengan órdenes de aprehensión, arraigo o declaración de rebeldía, en tiempo real.
Trabajo. “El anterior gobierno, 14 años ha sido permisivo con el crimen, narcotráfico y los terroristas; esto (el territorio nacional) se estaba volviendo el paraíso de delincuentes (…) ya no pasará más, ahora funcionarán nuestros controles y no solamente en territorio nacional, sino estamos haciendo gestiones con los otros países para estar interconectados online con la Interpol”, aseveró el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tras suscribir el convenio.
Con la firma de ese acuerdo se implementó una plataforma que dispondrá de una información correcta, que permitirá a funcionarios de Migración controlar el ingreso y salida de Bolivia.
Sobre el tema, Rivas destacó el trabajo del Ministerio Público para que la plataforma denominado Sistema de Alerta Temprana sea de utilidad e implementada en su totalidad esta gestión; el sistema que reúne además a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), Interpol y Fuerzas Armadas (FFAA).
