La presidenta Jeanine Áñez pidió impugnar la decisión judicial que le otorgó medidas sustitutivas a uno de los principales acusados en el caso de violación grupal, conocido como "La Manada", ocurrido en diciembre de 2018 en Santa Cruz. También se pedirá una auditoría a todo el proceso de este hecho que consternó a la sociedad.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó de la posición asumida por Áñez frente a lo que consideró una "burla de la Justicia" porque hasta ahora no se hace justicia con la víctima.
“Vamos a exigir que se haga una auditoría de todo lo que está pasando y vamos a pedir que se castigue con la mayor rudeza que se pueda dar al juez que haya cometido un delito sobre este tema”, advirtió en una conferencia de prensa en Santa Cruz.
Alejandro S., es el principal acusado en el caso de denuncia de violación grupal conocido como “La Manada”.
El hecho ocurrió en diciembre de 2018. La joven, entonces de 18 años, salió junto a los cinco sindicados, entre ellos Alejandro S. y un menor de edad, a un centro nocturno, de donde fueron expulsados porque fueron descubiertos consumiendo drogas. Se fueron a un motel y ahí, según la denuncia, vejaron a la menor que estuvo en terapia intensiva.
“No es posible que nos sigamos haciendo la burla de la Justicia, que una joven haya sido maltratada y no haya justicia, que el poder económico esté por sobre todo, y pisoteemos y mellemos la dignidad de las personas (…) porque hay malos jueces, malos fiscales, malos administradores de justicia”, cuestionó Murillo.
“Claramente hay indicios de que se está favoreciendo a la gente que ha maltratado el honor de esta niña”, aseguró y advirtió: “Jueces y vocales que están involucrados en este tema que hayan cometido cualquier irregularidad serán investigados, si hay alguna irregularidad, si descubrimos alguna irregularidad serán despedidos y procesados hasta la cárcel".
El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano es abogado de uno de los jóvenes implicados. Fue alejado del cargo, justamente, en medio de denuncias de favorecimiento al que era su defendido.
La madre de Alejandro es “una alta funcionaria del Gobierno Municipal” y también habría “muchos políticos de peso alrededor de este tema, mucho dinero”, insistió.
“Le pedimos con todo respeto a la fiscal que impugne este tema inmediatamente, arraigue a este joven. Será responsabilidad de los administradores de Justicia si es que este escapa del país. Vamos a pedir también que no haya injerencia política, porque vamos a investigar y el que esté detrás de esto vamos a revelar su nombre y apellido”, advirtió.
La defensa de la joven señaló que apelará la determinación del juez ya que considera que se está poniendo en riesgo la seguridad de la víctima. (30/01/2020)
