Las posiciones están claras, pero el escenario de diálogo aún no. La definición del alza salarial de 2020 oscila entre el pedido de los empresarios de “congelar” cualquier incremento, el rechazo de los trabajadores y la continuidad del Gobierno.
El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, adelantó a La Razón que cualquier decisión en esta materia se tomará de forma concertada y en función a un diálogo que considere la realidad económica del país, aunque reconoció también que antes de aplicar estos principios se necesita la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la ampliación “excepcional” del mandato provisional de la presidenta Jeanine Áñez.
“Entendemos plenamente que somos un Gobierno de transición, que hay temas que tienen que ser abordados con un gobierno electo que emerja del proceso electoral (…). Si nos correspondiera ver esa situación (el alza salarial) lo vamos a hacer fundamentalmente a partir del diálogo con todos los sectores”.
En diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, propuso que la negociación para un incremento se haga de manera tripartita: entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Otros líderes empresariales se sumaron al pedido, debido a que un debate entre los tres sectores permitirá compartir visiones sin asumir posiciones unilaterales.
“Si podemos generar una mesa tripartita sería extraordinario y muy bueno para el país, para que podamos conversar todos. Pero si el diálogo tiene que ser desde una dinámica bilateral, primero con los trabajadores y después con los empleadores o viceversa, noso-tros vamos a abordar esa temática concertando con todos los sectores involucrados”, ratificó el Ministro de Trabajo, quien subraya que la administración de Áñez busca resolver los temas de fondo, más allá de las formas.
Ante esta eventual participación privada en la mesa de negociación —la primera, tras casi 14 años en los que la decisión fue tomada solo por el gobierno de Evo Morales y dirigentes de los obreros —, el titular de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, planteó en diciembre a la actual administración congelar el salario mínimo nacional este año y elevar el haber básico en función de la inflación de 2019, que a noviembre se situó en 3,06%.
Principios. No obstante, por los conflictos sociales que vivió Bolivia en octubre y noviembre pasados, así como el paro de actividades productivas en varias regiones, las previsiones inflacionarias de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior para el año que finalizó se encuentran entre 8 y 9%.
Al pedido de Blazicevic se sumaron al inicio de este año los principales ejecutivos de las federaciones de empresarios privados de Cochabamba y La Paz, Javier Bellot y Jaime Ascarrunz, respectivamente, quienes consideran que los incrementos salariales impuestos durante la gestión de Morales fueron “desproporcionados” y no se relacionan con la productividad.
Datos oficiales muestran que entre 2006 y 2019 el salario mínimo nacional aumentó en 382,2%, mientras que el porcentaje acumulado del alza al haber básico fue de 107% y el de la inflación de 69,24%.
“Hubo incrementos desproporcionados que lo único que han hecho es distorsionar la economía y generar un escenario de alta complejidad, restándole competitividad a las industrias y a todo el sector productivo”, dijo Bellot.
“Insistir en un incremento por costumbre no es nada prudente”. El país necesita “sincerar su economía y empezar a reconstruir las bases esenciales de la lógica económica”, para lo cual es oportuno cambiar los criterios políticos por razones técnicas a fin de “recuperar las bases de la institucionalidad económica, para que podamos manejarnos en un marco de una alta objetividad”, explicó.
Ascarrunz, por su lado, afirmó: “En los últimos años hemos estado con incrementos que no tienen nada que ver con la productividad y con el crecimiento económico”, por lo que empresas pequeñas y grandes del sector industrial enfrentaron dificultades para su cumplimiento.
El anterior gobierno impulsó desde 2006 una política salarial que define un incremento por encima de la inflación anual —con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario— y que está en función de parámetros como la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) y la productividad del trabajo y del capital, entre otros, explicó en su momento el ex ministro de Economía Luis Arce.
“Dada esta época de transición y porque las circunstancias de crecimiento han variado, nosotros apoyaríamos” el congelamiento del salario básico “por esta gestión”, como medida adecuada para preservar las fuentes laborales, sostuvo el presidente de los empresarios paceños.
Rechazo. Sin embargo, la Central Obrera Bolivia (COB), a través de su secretario de Organización, Nicanor Baltazar, anticipó a este medio su rechazo a las dos propuestas. “No vamos a aceptar posiciones de los empresarios. En lo que nos vamos a basar es en el pronunciamiento de los sectores”.
Anunció también que la próxima semana se tiene previsto convocar a las confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales a un ampliado nacional para la elaboración de pliego petitorio de 2020.
En esa reunión se analizará la situación económica del país así como el incremento de los precios de la casta familiar, y en función de ello plantearán al Gobierno el aumento salarial para la presente gestión, aseguró el dirigente.
Según el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), Jorge Akamine, las reducciones registradas en los indicadores del crecimiento económico del país, así como del gasto público y recaudaciones de impuestos, muestran un “escenario conservador” para este 2020, en el que el Gobierno tendrá que “pelear contra un déficit fiscal”.
El economista agregó que por esa situación “no es conveniente algún incremento en el salario mínimo nacional” y que por ello solo deberá considerarse “una reposición del valor adquisitivo del salario, tomando en cuenta la inflación que se registre en 2019”.
Consideró, adicionalmente, “prudentes para el manejo económico del país” las propuestas de los empresarios, en sentido de congelar el salario mínimo nacional para la presente gestión”.
Respecto al diálogo tripartito, el presidente de la Coneb apuntó que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no usa esa metodología para llegar a “pactos” con los diferentes sectores.
Añadió que, de darse esa situación, es importante sumar a ese proceso al sector público, por el tamaño de la estructura estatal.
“Deberíamos tener cuatro actores: empleados públicos y privados, Estado y empresarios (…) Si hablamos de igualdad, el empleado público fue bien tratado pero no está en un escenario de definiciones”, argumentó.
Akamine también recomendó al Gobierno, empresarios y trabajadores hacer una lectura correcta de la situación económica del país, reconocer que el 2019 fue un año difícil y que la presente gestión será complicada.
Citando una proyección del 9% como déficit fiscal para 2019 efectuada por la Cainco, sugirió a la administración de la presidenta Áñez llevar adelante acciones para bajar ese indicador como “una administración pública eficaz, al igual que inversiones eficientes y la disminución del gasto corriente, los cuales tendrás un efecto en la economía”.
