El haber recibido una notificación judicial el martes para que se presente a declarar este miércoles en el caso del ex Fondo Indígena, aún sin haber pasado por Migración, es para el candidato a la Presidencia del MAS, Luis Arce Catacora, una prueba irrefutable de que es víctima de una persecución política.
Así lo hizo saber este miércoles tras presentarse ante la fiscal que atiende el caso, Heydi Gil, quien decidió suspender su declaración, entre otras cosas para darle el tiempo suficiente para que, junto a su defensa, revise los cuadernos de investigación.
La fiscal negó que haya injerencia política en este proceso, aunque admitió que se cometieron fallas en la notificación, ya que la misma no tenía la firma del investigador asignado, defecto que habría sido subsanado con la presencia de Arce en la Fiscalía.
“Este proceso no va a ser politizado, este proceso va a buscar solamente la justicia de estos 153 proyectos y sus comunidades y se va a hacer en el marco de la total legalidad. Mientras yo sea la fiscal asignada a este caso voy a seguir los lineamientos de la Constitución Política del Estado”, aseveró.
No obstante, Arce dijo que no tiene dudas de que existe un trasfondo político en esta acción, que en su criterio intenta perjudicar su candidatura a la Presidencia. Dijo que prueba de ello es la forma en que ayer le fue entregada la citación, incluso antes de recibir de Migración el sello de ingreso al país.
Señaló que la propia fiscal Gil admitió que hubo “fallas procedimentales en la notificación”, lo que fue certificado por personeros del Alto Comisionado de DDHH de la ONU y de la Defensoría del Pueblo.
“Estaban felizmente acompañándome personeros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos e inclusive personeros de la Defensoría del Pueblo, donde se ha notado falta de pulcritud en el tratamiento, lo que ratifica, una vez más, que esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS-IPSP”, afirmó.
Reiteró que es inocente de los cargos por los que es investigado y dijo que sospecha que pudieran iniciar otras acciones judiciales en su contra.
“Las cosas más que nos sacarán, que juzgue la población la forma en que proceden, arbitrariamente, en contra de una candidatura que saben que tiene el apoyo popular (…) Nosotros somos absolutamente inocentes de todo lo que quieran decirnos. Es político y vamos a enfrentar estas acusaciones”, afirmó.
El caso del ex Fondo Indígena tiene que ver con hechos de corrupción, proyectos fantasma y desvío de recursos.
La Contraloría detectó que los recursos destinados a 153 proyectos financiados por el ex Fondo Indígena, en las gestiones de 2010 y 2011, por la suma de 71.087.750, 89 bolivianos, fueron trasferidos directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios, para que ejecuten los proyectos que ahora son observados porque ninguno alcanzó los objetivos planteados. (29/01/2020)
