El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, reveló este miércoles que la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizó la aprobación de 14 leyes que neutralizaron o exceptuaron la normativa que rige al ente emisor y le prohíbe emitir créditos en favor de las empresas estatales.
"14 leyes del Presupuesto General del Estado y otras leyes modificatorias del presupuesto o especiales en particular exceptúan al Banco Central de acatar esta prohibición de financiar al sector público", informó en un desayuno con periodistas de La Paz.
Recordó que la ley del BCB le prohíbe otorgar créditos al sector público y excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro General Nacional, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes de su Directorio, solo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas o atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario.
No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó en 2012 la Ley de Creación del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), que nació con un presupuesto de 1.200 millones de dólares, provenientes de un crédito emitido por el BCB, con recursos de las reservas internacionales netas, dijo Aponte.
También indicó que, en el Presupuesto General del Estado 2009, se autorizó al BCB a otorgar un crédito extraordinario de 1.000 millones de dólares en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en condiciones concesionales, con el único fin de financiar proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos, en el marco de la seguridad energética.
Para ese efecto se exceptuó al BCB la aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 1670 de octubre de 1995, que le prohíbe otorgar créditos a entidades públicas, agregó.
Según información del BCB, hasta la fecha, las empresas estatales solicitaron 59.000 millones de bolivianos en créditos al ente emisor, de cuyo monto se desembolsaron 40.000 millones de bolivianos y se pagaron 3.000 millones de bolivianos, lo que deja un saldo por cancelar de 37.000 millones de bolivianos.
(15/01/2020)
