A dos años y dos meses de la polémica sentencia constitucional 084 que habilitó la repostulación indefinida del expresidente Evo Morales y de todas las autoridades electas por voto directo, un grupo de abogados y dirigentes presentó este viernes una demanda penal contra los seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que emitieron ese fallo.
“La denuncia penal que estamos poniendo ante el fiscal departamental es a fin de que se persiga y se active la Justicia por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley”, anunció en Sucre el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta, uno de los firmantes de la demanda.
La acción fue interpuesta contra los exmagistrados Macario Lahor Cortez Chavez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Ruddy José Flores Monterrey.
La demanda, según dijo Bascopé, está firmada además por el exmagistrado Gualberto Cusi, quien en su momento se opuso a la citada sentencia, el dirigente alteño Roberto de la Cruz y el suboficial maestre de reserva pasiva de la Fuerza Aérea Boliviana, Édgar Morales.
Explicó que la acción judicial fue iniciada por considerar que estas seis exautoridades, con la aprobación de la sentencia, violaron la Constitución Política del Estado que sólo reconoce una reelección presidencial continua, además del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó una eventual nueva reelección de Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera.
“Se hicieron la burla, no hicieron caso un referéndum, se pasaron por encima la soberanía popular y quebraron el orden constitucional. Esta sentencia constitucional que emitieron fue el origen para que después el país se convulsione, el origen para que el país ingrese en una situación casi delicada de confrontación civil entre hermanos bolivianos. Y fue el origen para que Evo Morales trate de perpetuarse”, afirmó.
Explicó que se decidió acudir a la justicia ordinaria porque los seis ya no son magistrados y recordó que la sentencia para el tipo de delitos por los que se los acusa es de entre cinco a 10 años de prisión.
Anunció además que se continuará investigando sobre este caso para dar con otros responsables de la emisión de la sentencia constitucional. Deslizó la sospecha de que la misma haya sido redactada por otras personas, fuera del TCP.
“Se tiene la leve sospecha que esta sentencia no haya salido específicamente de quienes trabajaban como letrados aquí adentro. Se tiene la sospecha de que posiblemente esto haya sido elaborado en otro lado, se lo trajo acá y se hizo firmar a los magistrados. Eso se tiene que investigar”, dijo. (10/01/2019)
