Han pasado 67 días desde que una treintena de familiares de víctimas de feminicidio, de infanticidio y de violencia viajó el 15 de enero, de Cochabamba a La Paz, para hacer una vigilia frente a Palacio Quemado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional denunciando que la Ley 1173 abría las puertas de las cárceles a los feminicidas, a los violadores de niños y a los agresores peligrosos, vulnerando así el derecho a la justicia y a la seguridad de los denunciantes.
La presidenta Jeanine Áñez salió ese mismo día a referirse a la protesta y reconoció que la normativa aprobada durante la gestión de Evo Morales no tenía presupuesto y que tampoco existen las condiciones para implementarla y garantizar que los liberados no se den a la fuga ni vayan a rematar a sus víctimas.
La autoridad pidió públicamente que la Asamblea revise la Ley 1173 y la suspenda o modifique. Dos días antes, Añez había declarado la gestión 2020 como “el Año de la lucha frontal contra el feminicidio y el infanticidio”, luego de una ola de asesinatos de mujeres y niños en el país.
La Ley 1173 de Abreviación Procesal entró en vigencia el 5 de noviembre de 2019, en plena convulsión social poselectoral. El espíritu de esta normativa busca erradicar el hacinamiento en las cárceles y no admite una detención preventiva de más de seis meses para imputados y acusados por cualquier delito. Por tanto, los libera con medidas sustitutivas.
Y gracias a una mala interpretación de la disposición décimo segunda de la Ley 1173, traducida en una circular del Tribunal Supremo de Justicia, algunos jueces decidieron liberar, también, a varios sentenciados a 30 años de cárcel cuyas condenas no han sido ejecutoriadas. Por ello se exigió la modulación o que se corrija dicha circular.
La aplicación de la Ley 1173 no tiene el presupuesto ni los recursos humanos, informáticos y electrónicos prometidos en el texto, está poniendo en un serio peligro a mujeres, niñas, niños y familias enteras. Incluso podría generar un aumento en las ya altas cifras de feminicidios y de todos los tipos de violencia.
La Ley 1173 presume que la Fiscalía y la Policía tendrían que terminar todas sus pesquisas en un máximo de seis meses para llevar a juicio a los sindicados. En otros países, esos 180 días son suficientes para efectuar todas las investigaciones y sentar en el banquillo de los acusados a los detenidos porque cuentan con todos los fiscales, jueces, investigadores necesarios y con institutos científicos forenses de gran capacidad que alistan peritajes y pruebas en pocas semanas.
Sin embargo, eso no ocurre en Bolivia. Nuestro Instituto de Investigaciones Forenses requiere de varios meses para entregar pericias porque no tiene suficiente personal especializado y la demanda es muy alta. Tampoco existen investigadores policiales, fiscales y jueces que puedan atender la enorme cantidad de casos de violencia de género (el delito más denunciado en Bolivia).
Cada fiscal atiende un promedio de 850 casos que, de acuerdo a estándares internacionales, es inadmisible. “Cargarles además la responsabilidad de verificar casa, trabajo y familia de los acusados es demasiado.
No podrán hacerlo y esa carga recaerá sobre las víctimas”, protestaron las activistas por el cambio de la norma.
Para evitar la fuga de los acusados, la Ley 1173 establece el uso de manillas electrónicas con GPS para controlar el paradero de los beneficiados de libertad con medidas sustitutivas, pero, en los hechos, esas manillas aún no existen en el país, según confirma la misma Ley 1226 que modifica a la 1173 y que fue promulgada en septiembre de 2019.
Además, ninguna manilla electrónica, si las hubiera, inmoviliza a los acusados ni impedirá feminicidios, como ya ha sucedido estos años. Hace pocos meses, un hombre imputado por violencia que iba a su audiencia en el Valle Alto de Cochabamba logró escapar en el camino y no se dio a la fuga. Fue hasta la casa de su víctima y la mató.
Los hombres imputados por asesinar a una mujer saldrán libres al cumplirse los seis meses de detención preventiva y podrían darse a la fuga fácilmente, para evitar una inminente condena de 30 años. Nuestras fronteras son permeables.
Con 30 feminicidios registrados en Bolivia, en lo que va de 2020, las víctimas ahora vuelven a declararse en alerta ante la demora en la aprobación de la modificación de la Ley de Abreviación Procesal, para evitar que esta normativa beneficie con medidas sustitutivas a la detención a imputados, acusados y condenados por feminicidio, infanticidio, violencia sexual y otros delitos.
