El ruidoso estudio realizado de manera independiente por dos investigadores del prestigioso MIT, publicado en el blog Monkey Cage del también prestigioso Washington Post, reabrió el debate respecto al “fraude” en las fallidas elecciones de octubre en Bolivia. A reserva de las evidencias de uno y otro lado, hay una disputa de creencias sobre una historia que está por contarse.
Más allá de irregularidades comprobadas en relación a cuestiones como las actas y los servidores del TREP, y en especial de la imperdonable decisión de suspender la difusión de los datos preliminares la noche del 20 de octubre pasado, sigue habiendo posicionamientos radicalmente distintos sobre la idea de “fraude”. Para unos fue algo “monumental”; para otros, en cambio, es solo una invención bien montada para justificar el “golpe de Estado”. Son dos narrativas irreconciliables que buscan imponerse.
Es innegable que la auditoría de la OEA, con más de 30 personas, presencia en terreno y acceso a fuentes primarias, tiene más alcance y consistencia que el análisis en gabinete realizado por los especialistas del MIT por encargo externo. Igual el documento difundido desde el diario estadounidense apunta al núcleo mismo del “fraude” sentenciado por el equipo de Luis Almagro al día siguiente de los comicios: el “inexplicable cambio de tendencia” en el último trecho (5%) de los votos computados en el TREP.
Como sea, más allá de los informes, estudios, fuentes, datos, expertos, legitimidad, financiamiento y una larga lista de variables en torno al mensaje y al mensajero, lo que permanece es una suerte de contienda entre dogmas: ningún argumento o evidencia convencerá a la otra parte. Es una cuestión de creencias, pero también de percepción. No es menor el alto impacto del documento contratado por el CEPR, replicado en varios diarios del mundo, y las reacciones y aclaraciones en Bolivia y a nivel internacional.
Además del efecto político del irresuelto debate entre las hipótesis del “fraude monumental” versus el “golpe de Estado”, el asunto tiene connotaciones internacionales. La inmediata es el nuevo desencuentro del Gobierno provisorio de Bolivia con la Administración de México, que pidió aclaraciones a la Secretaría General de la OEA. La otra connotación tiene que ver con el afán reeleccionista de Almagro, cuya gestión deja un organismo en crisis con división regional en lugar de tendido de puentes.
A reserva de la disputa sobre el “fraude”, el hecho fáctico es que las elecciones de octubre fueron declaradas “sin efecto legal” mediante una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea. Por ello, habrá nueva votación el 3 de mayo. Claro que cuando baje la polarización electoral y haya mayor distancia del tiempo, sería importante que se haga una auditoría independiente de la auditoría. Merecemos saber si la OEA contribuyó a “recuperar la democracia” o, más bien, fue parte de un “plan golpista”.
