En el análisis, otrora cuota de Luis Fernando Camacho en el gabinete de Jeanine Áñez, Fernando López era la pieza clave del Gobierno, desde su asunción hasta la gestión de la crisis de noviembre del año pasado, con el saldo de Sacaba y Senkata.
En un impasse entre el periodista Carlos Valverde y el expresidente del Comité pro Santa Cruz, éste dijo que López no era su cuota, sino de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, más tarde, en un video que circuló en redes sociales, Camacho admitió que el ahora exministro fue el nexo con los militares antes de la caída de Evo Morales. Y el mismo López lo consintió luego.
El origen
Exoficial del Ejército, López fue quien contactó con las Fuerzas Armadas para que éstas no salieran a las calles durante los conflictos previos a la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de 2019, según reveló el mismo Camacho.
“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, dijo el exdirigente cívico en un video que circuló en redes sociales.
- López y Camacho llegan al aeropuerto de El Alto, durante los conflictos de noviembre.
De la confianza de Camacho, López era el segundo hombre visible de su entorno en el Gobierno; el otro era Jerjes Justiniano, su abogado personal, que dejó el gabinete en diciembre abriendo el ventilador, cuando había adelantado que Áñez tenía afanes de postularse en las elecciones.
Sacaba y Senkata
Luego de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, una ola de protestas se desató en el país. Para el 15 de noviembre estaba anunciada una marcha de cocaleros entre Cochabamba y La Paz.
El día de la movilización, con López como ministro, un gigantesco operativo policial-militar terminó con un saldo trágico en su intervención a la columna en el puente Huayllani, Sacaba: ocho muertos.
La acción había sido ejecutada al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado horas antes por Áñez, que liberaba de eventuales culpas penales a las Fuerzas Armadas.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, había insinuado que los proyectiles fueron disparados por los mismos cocaleros.
Días después, otra movilización ahondaba la carencia de carburantes en La Paz y El Alto. Otra intervención policial-militar sofocó el bloqueo y la eventual toma de la planta de Senkata. El saldo: 10 fallecidos.
En este caso, el entonces ministro López libró de responsabilidades a los militares y policías, y dijo que del Ejército no salió ni uno solo proyectil.
La interpelación
Por esos dos hechos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había calificado de masacres, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, convocó a una interpelación al ministro López.
La autoridad no asistió a tres convocatorias, y el viernes 6 de marzo fue censurado con dos tercios de los votos.
Ante esa situación, el numeral 18 y parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del estado establece la destitución.
Indecisiones
Al día siguiente de la censura, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó, a nombre del gobierno, la decisión de la Asamblea Legislativa, con el argumento de que fue tomada “en ausencia” de la autoridad en cuestión.
Más tarde, en su cuenta de Twitter, Áñez ratificó en sus funciones a López. “El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria”, escribió.
La estocada final
Ante el desafío que implicó la ratificación del ministro López, políticos de oposición y oficialismo, incluso analistas y constitucionalistas, cuestionaron la decisión de Áñez.
Y el MAS advirtió con juicio de responsabilidades a la mandataria transitoria.
Acorralada, Áñez, a través del Decreto Presidencial 4175, decidió este lunes dejar “sin efecto la designación” de López, una figura que despertó suspicacias en el ambiente político.
Núñez incluso había dicho el sábado que el gobierno consultará al Tribunal Constitucional Plurinacional la validez de la censura. (10/03/2020)
