“¿Celebrar?, si mi hija nacía hombre no me la hubieran matado”, reprochó Mariela M., madre de Marinel M., violada y asesinada en 2017. La familia gastó $us 2.000 en el proceso por justicia y su vía crucis sigue, así como de otras que dieron $us 10.000.
La familia de esta víctima de feminicidio peregrina a diario con la esperanza de que los imputados, Fernando M. Ch. y Ever Q. R., paguen por su crimen, y para ello siguen destinando “todo” el sueldo en el proceso. Ellos se prestaron dinero de familiares y del banco, hasta realizaron colectas para pagar fotocopias legalizadas, abogados, solicitudes del proceso y más.
En una ocasión, la madre tuvo que conseguir un maniquí con el peso y talla igual al de su hija para la inspección técnica ocular. “Las pruebas, las pericias y otros corren por mi cuenta. El maniquí me costó 700 bolivianos. Es difícil seguir, recién ha comenzado el juicio. Los imputados ahora tienen detención domiciliaria y Fernando incluso va al gimnasio, como si nada pasara. No hay celeridad, no hay gente especializada, me trataron de mala manera, como si mi hija tuviera la culpa”.
El 16 de mayo de 2017, Marinel, con 16 años, fue violada, golpeada y lanzada a un precipicio. La joven falleció tras sufrir un traumatismo craneoencefálico y rotura de su columna vertebral.
DINERO. Freddy A., hermano de Stephanie A., de 26 años y quien fue violada y hallada maniatada y con un corte en su garganta hecha por un cuchillo, en la autopista La Paz-El Alto, tras tomar un radiotaxi, aseguró que la familia ya gastó más de $us 10.000.
Pero el pesar continúa porque de ocho implicados en el feminicidio, siete fueron liberados —el principal Jimmy Franz P., quien era el chofer sigue detenido— y sufren represalias.
“Estamos esperando que el juzgado sortee para ir a juicio oral, nos sentimos víctimas por la retardación. Mi hermana se cubre el rostro (por seguridad)”, contó.Ambas familias marcharon ayer en el Día Internacional de la Mujer, en demanda de “justicia” para las víctimas y en rechazo a la impunidad y retardación por parte de operadores, debido a que sus procesos llevan varios años.
“No tenemos nada que festejar. Es un día que devela que en nuestro país no existe justicia, que existe mucha impunidad, las víctimas tienen que perseguir justicia cada día. El gasto por tres años de procesamiento, entre notificaciones, fotocopias, conseguir peritos independientes y más, debe ascender a unos 5.000 dólares”, dijo la abogada Paola Barriga.
La marcha comenzó cerca de las 11.00 en la plaza San Francisco, recorrió las avenidas Mariscal Santa Cruz y 16 de Julio, dio la vuelta por la Plaza del Estudiante y culminó en puertas del Ministerio de Justicia (El Prado), donde se colocaron planfletos y fotocopias de los rostros de las víctimas.
“Jueces, fiscales, la misma porquería”, “nos están matando, no hay nada que festejar”, “basta de campañas, queremos justicia”, fueron las consignas gritadas.
Mientras las familias se acomodaban en el ministerio, varios vehículos sonaron estrepitosamente sus bocinas por el tráfico. “La gente es indiferente hasta que le pasa”, lamentó Freddy A.
“He gastado como 4.000 dólares. Este sábado 14, los amigos de mi hija están haciendo una kermés para recaudar fondos”, indicó Yolanda A., madre de Celinda P. de 27 años. La kermés se realizará en la Federación Sindical de Trabajadores en Construcción de La Paz, en la calle Boquerón 1243.
Celinda P. murió a causa de tres puñaladas de su expareja Mauricio R. P., en abril de 2019.
“La familias pagan todo, desde peritajes, fotos, transcripción de grabaciones y más. Hay gente que ha perdido su trabajo para ir a las audiencias, ha perdido su casa. Nosotros ya gastamos 3.000 dólares”, dijo Marcela S., familiar de Alejandra S., quien murió en marzo de 2017 junto a su hijo de ocho.
El autor confeso, Edson E., aún no tiene sentencia y continúa detenido en Chonchocoro, “peregrinamos justicia”.
