Después de un análisis a las auditorías médicas internas y externas, la Defensoría del Pueblo estableció que éstas no son un instrumento eficaz para garantizar el acceso a la justicia porque casi todas terminan en simples llamadas de atención para los galenos.
“En la revisión que realizamos, hoja por hoja, a las auditorías médicas, nos damos cuenta de que las resoluciones no son equiparables al tipo de denuncias de muerte o daño de por vida, pues son simples. La mayoría termina en una llamada de atención o sanciones administrativas mínimas, que no equivalen”, aseveró ayer la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Explicó que muchas víctimas o sus familiares piensan que las auditorías médicas podrán establecer la responsabilidad del personal de los centros de salud, pero evidenciaron que éstas no son un instrumento idóneo para determinar indicios de mala práctica, por lo que recomendó la abrogación de las normas que la pusieron en vigencia y la promulgación de una ley que sancione las acciones y omisiones negligentes, como establece la Constitución Política del Estado.
Informe
Según datos del informe defensorial, va en aumento la cantidad de denuncias por mala praxis. Solo en el primer semestre de 2019 el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica reportó 250 casos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y solo dos tienen sentencia.
El Ministerio de Salud tiene pendientes los informes de auditoría médica externa de 45 casos, y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social tiene aplazados otros 52, acotó.
El informe devela cómo los testimonios de pacientes y familiares dan cuenta que los primeros no pueden acceder con facilidad a las auditorías internas. Asimismo, se descubrieron varios aspectos, primero que los directores de los centros se niegan a realizar las auditorías, y si se realizan, las víctimas o sus familiares no pueden acceder a éstas. Si hay el compromiso, deben presionar con el Ministerio de Salud, instancia que tampoco exige, según el informe defensorial.
Al respecto, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, en una reunión que tuvo con la directiva de la Asociación de Víctimas de Negligencia y Mala Praxis Médica, les indicó que al “ser un gobierno transitorio” no podrá atender este caso y que el grupo debe esperar a las nuevas autoridades después de las elecciones. (03/03/2020)
