Diez de los sindicatos de transporte más grandes de La Paz, entre ellos Eduardo Abaroa, Litoral, Villa Victoria y San Cristóbal, se declararon en estado de emergencia y convocaron a un “petardazo” para este lunes, ante el anuncio de que los bancos no respetarían la ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos.
“Realizaremos este acto de protesta al mediodía, porque estamos alarmados ya que desde los bancos nos están notificando que desde junio debemos pagar (los créditos bancarios) y que los seis meses serán reprogramar los créditos, pero que los intereses corren igual”, explica Lucio Quispe, secretario general del Sindicato de Transporte Eduardo Abaroa, que dirige este movimiento respaldado también por los sindicatos 14 de Septiembre, 23 de Marzo, Señor de Exaltación, Miraflores, La Paz y Pioneros de la Terminal.
“A todas las familias convocamos al ‘petardazo’ de este lunes 4 de mayo. Hagamos sentir que al transporte no hay que dejarlo atrás, porque el transporte es fundamental para la economía de Bolivia”, indica por su lado la convocatoria que circula en redes sociales.
“Lamentablemente el hombre de base se está cargando de intereses bancarios, el beneficio es para las entidades financieras, por eso hay mucha preocupación y por eso declaramos este estado de emergencia”, insiste Quispe a La Razón.
El 1 de abril, la presidenta Jeanine Añez promulgó la ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos hasta seis meses después de la emergencia sanitaria. “Quienes estaban preocupados de sus créditos no tienen que pagar nada, ni siquiera intereses, una vez suspendido el tema de la cuarentena tienen hasta seis meses para poder pagar”, indicó en ese momento el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Según Quispe, muchos transportistas de base deben a bancos y en los últimos días habrían sido notificados por las entidades financieras para pagar sus créditos desde junio. “Nos sentimos desamparados, tenemos que hablar con la banca, pero los interés corren igual”.
Este sector enviará cartas al Ministerio de Economía y Finanzas, y también a la Autoridad de Supervisión del Sistema de Financiero (ASFI). “El petardazo es el inicio de una protesta”, alertó.
La convocatoria de los transportistas en redes sociales complementa. “Las autoridades se olvidan de los más de 30.000 choferes que vivimos al día y que nos endeudamos con entidades bancarias”.
La Razón llamó este domingo a Rubén Sánchez, secretario general de la Federación Departamental de Choferes 1ro. de Mayo, para preguntarle si tiene conocimiento de este movimiento, pero el dirigente no respondió al celular. Quispe denunció el año pasado a la actual dirigencia por los Bs 0,20 que recaudaba ese sector y por los que, según sus bases, no rendían cuentas.
El transporte público de La Paz evalúa volver a trabajar después del 10 de mayo reduciendo la capacidad de pasajeros en minibuses y colectivos, pero según Quispe, aún así no podrán recaudar para pagar sus deudas a los bancos.
