El excanciller Diego Pary aseguró que el gobierno de Jeanine Áñez utilizó con “fines electorales” los documentos de la defensa en el juicio chileno por la soberanía sobre el agua del Silala, y denunció que el Estado se encuentra “desprotegido” en el proceso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras alejamiento de los abogados internacionales.
Poco después de esa declaración, el embajador y agente ante la CIJ, Jaime Aparicio, respondió que Pary “miente”. El gobierno de Evo Morales “aceptó que aguas del Silala son compartidas entre Bolivia y Chile” y que los abogados internacionales cumplieron sus contratos, pero se mantienen los asesores.
Chile demandó a Bolivia ante la CIJ por derechos sobre el agua que se encuentra en la fronteriza Quetena Chico, Potosí. La administración boliviana defiende que ese recurso fue desviado artificialmente hace más de 100 años al vecino país al amparo de una concesión de ese entonces y que ahora se encuentra anulado.
Santiago, por el contrario, plantea que ese recurso hídrico es parte de un río internacional y que tiene derecho a su aprovechamiento. El presidente Sebastián Piñera celebró la revelación del gobierno de Áñez, porque respalda la tesis planteada en el juicio instaurado en 2016.
Pary evitó hacer un comentario sobre la revelación del actual gobierno porque, explicó, todos los actuados se encuentran bajo reserva hasta el inicio de la fase oral de alegatos, la última etapa antes de la sentencia.
Reconoció que los abogados internacionales tienen contratos temporales o permanentes, sin embargo dijo que el Estado se encuentra desprotegido tras conocer que varios de los abogados internacionales dejaron de atender el caso.
“Hemos sido informados que han renunciado porque justamente no tenían las condiciones de atender esta demanda”, sostuvo.
