El Gobierno de Bolivia ha vuelto a celebrar el comunicado de Massachusetts Institute of Technology (MIT, en inglés) que aclara que esa institución no hizo ningún análisis de las elecciones de octubre de 2019 y la Cancillería descartó un proceso judicial contra los dos expertos del MIT que cuestionaron en un análisis que en las elecciones de 2019 hubo “fraude”.
El embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, informó el miércoles que los especialistas John Curiel y Jack R. Williams fueron contratados por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) para hacer ese estudio.
Para la canciller Karen Longaric, los expertos están vinculados con el gobierno del Nicolás Maduro, aliado de Evo Morales, quien, en su juicio, alienta una campaña en contra del gobierno de Jeanine Áñez.
En el cuestionado informe que se publicó el 27 de febrero en el diario estadounidense The Washington Post se concluye que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en Bolivia, tal como evidenció en su momento la OEA en un informe de auditoría.
“El rector de dicha universidad ha negado que dicho informe hubiese sido elaborado bajo ese respaldo académico. Ese informe fue elaborado por dos empleados de MIT de manera particular y oficiosa, y carece valor científico, académico”, afirmó la canciller Longaric luego de comentar que el documento se desvirtúa por sí mismo.
“La Cancillería muestra satisfacción al haber recibido dicho informe de parte del rector”, celebró la diplomática.
Luego acusó a los “enemigos de la democracia”, a quienes no identificó, de pretender “bajo armas innobles y la mentira” perturbar el estado de derecho en Bolivia, “obstaculizar” las elecciones del 3 de mayo y “hacer fracasar” la designación de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA.
En referencia al cuestionado informe, Almagro escribió en Twitter: “La narrativa de la mentira nuevamente muere ante los principios de democracia, verdad y justicia”.
Consultada por la posibilidad de un proceso judicial en contra de los autores citados o la ONG CEPR, Longaric dijo que “hay sanciones mucho más duras que un proceso judicial y es el de verse desmentido y desenmascarado por las propias instituciones”. (05/03/2020)
