En el cierre de un congreso internacional de agencias de Inteligencia en La Paz, la presidenta transitoria Jeanine Áñez dijo que venció a los “autodenominados” movimientos sociales, a los que calificó de “grupos violentos”.
“Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente ‘movimientos sociales’”, afirmó la mandataria al clausurar el Primer Congreso Internacional de Agencias de Inteligencia de América Latina, que reunió a las policías especializadas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.
“Tenemos enemigos reales y creo, absolutamente, que esos enemigos deben ser identificados; deben ser perseguidos y cercados, y, sobre todo, deben ser derrotados”, arengó Áñez, quien agradeció la iniciativa del encuentro al ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Áñez exhortó a los asistentes del evento a compartir información para evitar ese tipo de aprestos violentos de los que habló.
La mandataria asumió “ipso facto” el poder el 12 de noviembre del año pasado, en coincidencia con las movilizaciones sociales especialmente en La Paz y El Alto. Esta última ciudad se encontraba bloqueada y con una creciente escasez de combustible.
El 15 de noviembre, una movilización de cocaleros fue interceptada por un operativo policial-militar al amparo del Decreto Supremo 4078, emitido horas antes, que autorizaba el uso de la fuerza ante las manifestaciones y libraba de eventuales sanciones penales a los efectivos de las Fuerzas Armadas.
La intervención terminó con nueve cocaleros fallecidos y el Gobierno señaló que esas muertes se produjeron por el uso de armas por parte de los mismos movilizados.
Días después, el 19 de noviembre, otra protesta, en la zonza Senkata de El Alto, movilizó a las fuerzas combinadas. Los manifestantes impedían la liberación de combustible de planta para el abastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto.
Luego de una refriega, la acción policial-militar terminó con un saldo de ocho fallecidos, todos de parte de los movilizados. En la noche, el ministro de Defensa, Fernando López, deslindó responsabilidades de las fuerzas militares y dijo que de las tropas no salió ni un solo proyectil.
En una investigación posterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que las muertes fueron resultado de senadas masacres, calificativos que el gobierno de Áñez rechazó. (05/03/2020)
