El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, desistió de renunciar a su cargo y dijo estar dispuesto a cualquier auditoria o interpelación por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de combustibles por al menos $us 160 millones y la firma de contratos de seguros.
“Yo no he renunciado formalmente y sí, se me pasó por la mente renunciar, pero no es mi estilo y yo sé que he hecho las cosas correctamente y honestamente, me estoy brindando a una auditoría, me estoy ofreciendo si hay una interpelación (en el Legislativo), pero no es mi estilo de ir en contra a lo correcto, yo amo mi país”, aseguró.
Momentos antes, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, indicó que desconocía la renuncia del titular de YPFB. “Ni la renuncia ni la designación del presidente ejecutivo de YPFB es competencia del suscrito ministro, la renuncia es una decisión estrictamente personal que compete a cualquier funcionario y la designación corresponde a autoridades que tienen una decisión por encima del suscrito ministro”, apuntó.
Circuló una misiva firmada por Soliz Montenegro haciendo conocer a la presidenta Jeanine Áñez su dimisión al cargo. En la carta justificó que su “renuncia irrevocable” se debe a “motivos estrictamente personales y familiares”. Luego aclaró que su alejamiento de la petrolera no fue “formal” y que continúa en el cargo porque se lo pidieron los trabajadores.
En las últimas semanas se hicieron denuncias como la contratación directa “por emergencia” de la empresa Credinform por una póliza de seguros para YPFB Corporación por Bs 49.000.000, que luego fue anulada tras la exigencia del gobierno de Áñez.
También se denunció la compra de combustible por más de $us 78,59 millones en abril, cuando el país estaba en plena emergencia por el coronavirus y pese a que el precio del barril de petróleo estaba por debajo de los $us 20, acuerdos que se los habría hecho con un sobreprecio de hasta $us 120.
Soliz, en entrevista con Carlos Valverde, negó que existan irregularidades en la compra de combustible y en la contratación de póliza de seguro. “No me importa lo que digan en las redes sociales a mí me importa trabajar por mi país”, sentenció.
La diputada de Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco dijo la pasada semana que si bien la emergencia sanitaria permite la contratación directa no se debe soslayar la transparencia en el uso de recursos porque de lo contrario sería un acto criminal.
“El gasto innecesario de recursos como estaría sucediendo con la compra de diésel por más de $us. 150 millones en YPFB es un aspecto que debe ser investigado y se requerirán todos los informes necesarios, tarde o temprano deberán rendir cuentas al país”, demandó la legisladora.
El lunes 27 de abril, La Razón público que YPFB, a través de dos contrataciones de manera directa y sin licitaciones, firmó contratos por hasta 127.617 metros cúbicos de entre diésel oíl e insumos y aditivos por un monto total de hasta $us 78.950.035,43. El Gobierno justificó estos acuerdos debido a que las contrataciones se las realizaron por la emergencia que atraviesa el país.
Zamora añadió que factores externos tienen intereses de desprestigiar la gestión de YPFB y anunció investigaciones por las denuncias hechas.
