El Gobierno iniciará un proceso a los residentes bolivianos que arrebataron el fusil de un soldado en la localidad fronteriza de Pisiga, cuando fueron impedidos de regresar a Bolivia, anunció este miércoles el titular de la Dirección General de Migración (Digemig), Marcel Rivas.
Durante el mediodía del martes, cerca de 300 residentes bolivianos en Chile llegaron hasta Colchane (Chile), para intentar entrar a territorio nacional por Pisiga, donde está el campamento Tata Santiago que alberga desde el sábado a 480 connacionales que igualmente retornaron de territorio chileno, para que estén en cuarentena como una medida preventiva para evitar contagios de coronavirus. Como los militares no les dejaron ingresar, les arrojaron con piedras y otros objetos, según se pudo ver en videos que fueron difundidos a través de redes sociales.
En medio de la violencia, los residentes bolivianos arrebataron el fusil de un soldado, arma que fue recuperada y devuelta por carabineros de Chile.
“Ya tenemos identificados a los que han quitado el arma a los efectivos militares; en el momento en que ingresen a Bolivia, porque en este momento están en Chile y no podemos hacer absolutamente nada, los vamos a remitir en forma inmediata al Ministerio Público y va a ser la justicia ordinaria la que se haga cargo de ellos”, declaró Rivas a la red Unitel.
Rivas insistió en que son cerca de 35 personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) las que incitaron a los connacionales a marchar y movilizarse con el fin de desestabilizar la cuarentena total que rige en el país desde fines de marzo, para evitar la propagación del coronavirus que hasta el martes tenía 210 infectados.
Desde el MAS se rechazó nuevamente la acusación de Rivas. “Irresponsable y vergonzoso hacer política con un drama humano como el de Pisiga como lo hace @marcelrivasf, que abusando de su poder amenaza a bolivianos que sólo quieren volver a su patria, Sus irresponsables y prepotentes declaraciones vulneran los derechos humanos y las leyes”, escribió en su cuenta de Twitter la diputada Sonia Brito (MAS).
No obstante Rivas fue más allá, pues anunció que “aquellos que han generado violencia, que vinieron (desde Chile) muy bien pertrechados con palos y carpas, exactamente preparados para lo que querían hacer, para generar violencia, discordia y la rotura de la cuarentena que tanto ha costado a tantos, esos ciudadanos que están identificados, el momento que crucen la frontera van a ser remitidos al Ministerio Público.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el sistema de Inteligencia de la Policía estableció que los “activistas” que impulsan estas movilizaciones pagan Bs 300 a cada persona para que proteste.
Respecto al retorno de los cerca de 300 connacionales que están en Chile, Rivas dijo que deben esperar que las instituciones nacionales concluyan la instalación de la segunda fase del campamento de cuarentena en Pisiga.
