Agonía es un vocablo que se asocia al “sufrimiento extremo”, un estado que conduce inexorablemente a la muerte, que expresa el acabamiento de la otrora vitalidad. Algo como la primera fase del deceso inevitable. En la perspectiva religiosa de los cristianos, la agonía del sufrimiento está personificada en la pasión de Cristo, el flagelo al que se expuso para redimir los pecados de la humanidad.
La palabra griega agón, de donde proviene la expresión agonía, significa “lucha a muerte”. La lectura de la historia del pensamiento político nos lleva a conocer que la vida de los hombres en sociedad tiene y alcanza una faz agonal en la búsqueda, a instantes desesperada, del poder. El poder encierra en sí una “lucha a muerte”. El profesor Mario Justo López metódicamente expone: “Los sistemas políticos pueden contener las normas que regulan el acceso a los cargos o roles o, aunque es muy raro, carecer de ellas, o lo que es más corriente, puede suceder que el acceso a los cargos se produzca violando las normas al efecto establecidas. En todo caso, con o sin normas, suele haber competencia por el acceso a cargos o roles. Esa competencia por la conquista y también por la conservación de los cargos, forma parte de la faz agonal de la política”.
En una medianía que le impide construir, el Gobierno de hoy dilata a muerte o a vida su ciclo agónico sin poderse instalar en la conducción del Estado y su sociedad. Tres situaciones descompuestas revelan su momento de angustia:
Una inoperancia sanitaria determinada por la implantación de la retórica como factor único y suficiente de gestión en la contención de la pandemia. A su vez, una acción ausente determina el fracaso de lo actuado a hoy: la no disposición a la autocrítica como forma de reconocimiento de errores cometidos. No asumir, en primera persona o de forma plural, los desaciertos impide recoger, obstinadamente, acciones que son implementadas con éxito en países que acreditan una seriedad incuestionable: las pruebas masivas son el instrumento fundamental para conocer la circulación geográfica del virus, diagnosticar asintomáticos, aislarlos y rebajar las capacidades de transmisión que provoca el COVID-19.
El propósito de reservar o no rastrear a la población contagiada por medio de pruebas masivas, sentencia a la gestión de gobierno a una directa disminución de los niveles de confianza social en sus verdaderas capacidades y, colateralmente, en la aceptación de su modelo de aislamiento, restrictivo y policial.
El bajo desempeño en la contención de la pandemia alcanza hasta el hecho de haber instalado una línea de información en cuatro cabezas, todas ellas dispersas, contradictorias, temperamentalmente opuestas pero bajo una línea coincidente, presentar un lucimiento inexistente. Respiradores mecánicos, kits de medición de contagios, culminación de laboratorios de análisis en todos los departamentos son menciones semanales que no encuentran materialización.
Cálculo político. En medio de un desalentador contexto sanitario, con la atención distraída y atemorizados por el COVID-19, el Gobierno —que portaba las banderas de ese republicanismo que exige alternancia en el poder y democratización inmediata— no contiene sus ansias de arrancar una segunda prórroga de mandato sin fecha definida.
Vacíos de liderazgo y de legitimidad en apoyos sociales van arrastrando una legalidad cuestionada, se notan inmovilizados para modular un gobierno de unidad solidificado por consensos inclusivos y extendidos a los diversos actores sociales, políticos e institucionales. Acción inexcusable para contrarrestar las crisis y reparar la ausencia de la debida constitucionalidad del país.
El escaso compromiso ante el proceso electoral reinstala con fuerza creciente en diversos sectores de la sociedad la exigencia de formalizar un Poder Ejecutivo constitucional, derivado y a conformidad del votante y, especialmente, con capacidades tangibles de gestión gubernamental. La etapa transitoria y los talentos demostrados se han manifestado insuficientes para gobernar un país que expone desafíos inaplazables: pacificación inclusiva de los bolivianos, institucionalidad y elecciones, gestión eficiente y transparente de contención a la crisis sanitaria y atención al desorden económico.
El convencimiento de transformar la crisis sanitaria en la peste providencial con fines políticos ya conduce al Estado boliviano, a los distintos estamentos sociales y a los factores productivos del país, a una prolongada agonía, antesala inmediata hacia la fase de crisis sucesivas y múltiples.
Impericia económica. Obtener recursos para enfrentar la crisis sanitaria por la vía del restablecimiento de las relaciones financieras con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), desconociendo la historia traumática del país mismo a consecuencia de las imposiciones que esta entidad carga sobre las cuentas nacionales y sus asignaciones, despliega un futuro incierto para la estabilidad económica que se había preservado desde el año 85. Los movimientos económicos sobre las reservas internacionales del país, los nuevos créditos agenciados, la deuda interna descontrolada y no conocida, y la anunciada emisión monetaria convierten las finanzas del país en una sensible y corta bomba de tiempo.
Compras sin registros en los sistemas públicos del Estado, información esquiva sobre el empleo de los recursos destinados al COVID-19, cifras indocumentadas en la adquisición de test y pruebas de contagio, de equipos de respiración mecánica, de insumos de bioseguridad, y tantísimos otros ítems requeridos por el momento crítico de la sanidad en Bolivia, hacen presentir un desorden financiero que compromete las capacidades económicas del Estado.
Hace días concluyó la primera cuarentena. Ahora, la segunda etapa del extendido aislamiento transcurre con mayores contagios y cifras controladas. Política y economía se suman a la crisis sanitaria dando el rostro de una conmovedora realidad que testimonia con dolor y desamparo la prevalencia política por sobre el cuidado de la persona. Es el gobierno de la agonía.
Jorge Richter Ramírez es politólogo
