El Legislativo defenderá en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la constitucionalidad de la ley que fija 90 días para la realización de las elecciones, aunque su presidenta, la senadora Eva Copa, abrió la posibilidad de hacer ajustes a los plazos, siempre en función a los reportes de la crisis sanitaria. “La ley no está hecha en piedra”, sostuvo.
“Si hay datos de expertos, que están haciendo el monitoreo del coronavirus, pues la Asamblea seguirá trabajando y volverá a hacer la ampliación, la ley no está hecha en piedra. Nosotros estamos trabajando en pro de cuidar la salud de los bolivianos y ejercer las la tarea que nos corresponde como Legislativo”, sostuvo.
Este domingo 3 debieron realizarse las elecciones que fueron suspendidas por la cuarentena dispuesta para frenar la propagación del coronavirus. Copa explicó que era necesario aprobar la norma para aplazar las justas que ahora deben, si no hay modificación a la ley, realizarse hasta máximo el 3 de agosto.
Para el gobierno de Jeanine Áñez, la norma va en contra de las medidas de prevención y pone en riesgo la vida al anticipar las elecciones cuando no se conoce a ciencia cierta la evaluación de la pandemia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) había presentada una ley fijando como plazo máximo para las elecciones, septiembre.
Frente a esa situación, se presentaron ante el control constitucional los recursos de inconstitucionalidad y de nulidad de la ley. El senador Óscar Ortiz explicó que los argumentos centrales de los recursos son que se pone en riesgo la salud de la población y que fue aprobado en “una sesión viciada de nulidad”.
El jueves 30 se realizó la sesión y ni bien se sancionó en el Legislativo, Áñez hizo pública sus observaciones. Poco después, Paco la promulgó.
El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que el ente electoral respetará y cumplirá la ley. Un estudio técnico y científico definirá la fecha de las elecciones convocadas tras la anulación de las justas de octubre por denuncias de fraude electoral y que derivaron en la renuncia de Evo Morales, asilado en Argentina.
El Legislativo deberá defender en el TCP la norma aprobada frente a los recursos presentado para anularla.
