Mientras la ONU alerta al mundo sobre las consecuencias del calentamiento global, en Bolivia, en los últimos meses, se incrementó en 22% los focos de calor e incendios. Un ecologista emplaza al Gobierno y legisladores a derogar leyes contra la Madre Tierra.
Cuando el mundo se encuentra sumido en luchar contra el COVID-19 o coronavirus, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó durante la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril) sobre las consecuencias que el calentamiento global está dejando en la salud, alimentos y el futuro de la humanidad.
El cambio climático se ha acelerado en la última década y en los próximos cinco años se producirá de nuevo un récord de temperatura promedio mundial, de acuerdo con los pronósticos climáticos realizados por la Organización Meteorológica Mundial.
“Hoy en día, la concentración de CO2 registrada por las principales estaciones de observación mundial es aproximadamente un 26% mayor al valor de 1970, mientras que la temperatura ha subido 0,86 °C desde entonces, y es 1,1 °C más elevada que en la era preindustrial”, precisa un reporte del organismo internacional.
“La biodiversidad está en un pronunciado declive, y las perturbaciones del clima se están acercando a un punto de no retorno”, advierte el secretario General de la ONU, António Guterres, en un mensaje por el Día de la Tierra.
Tanto para Guterres, como para el líder de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas, “se debe actuar con decisión para proteger al planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial del cambio climático”.
CURVA. “Si bien el COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y sanitaria de alcance internacional, el hecho de no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque el bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos. Tenemos que aplanar la curva tanto de la pandemia como del cambio climático”, manifiesta Talas.
Asimismo, la ONU asegura que la pandemia produjo una reducción transitoria de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 6% en el mundo.
Sin embargo, en Bolivia, según un reporte oficial del Viceministerio de Medio Ambiente, al cual tuvo acceso La Razón, muestra un incremento de un 22% de los focos de calor e incendios forestales en el primer cuatrimestre de este año, sobre todo en cuarentena.
Entre el 1 de enero y el 19 de abril de esta gestión, se identificaron 3.368 focos de calor en el territorio nacional, 607 más de lo registrado en similar período de 2018, cuando llegó a 2.761 focos.
Conforme a un monitoreo satelital y cálculos de depuración de-sarrollados por la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal, se identifica los departamentos con mayor número de focos de calor: Santa Cruz (2.664), Beni (319), Tarija (285), Chuquisaca (37), La Paz (35), Cochabamba (17), Potosí (7), Pando (3) y Oruro (1).
Para Pablo Solón, activista ecológico y director de la Fundación Solón, ese incremento de los focos de calor es “paradójico y una ironía”, porque si el país está en cuarentena “supuestamente hay menor actividad económica, sin embargo no hay menos incendios”.
Tras 11 años de haberse declarado el Día Internacional de la Madre Tierra, en lugar de mejorar la situación del medio ambiente, en el mundo y en Bolivia, “ha empeorado”, dijo al citar como ejemplo los incendios forestales registrados el año pasado que arrasaron más de 2,5 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía.
Frente a esa situación y los últimos datos del Viceministerio de Medio Ambiente, el ecologista consideró fundamental que el Gobierno así como la Asamblea Legislativa abrogue un “paquete de leyes que han venido incentivando estos incendios”, que fueron aprobadas durante la administración del expresidente Evo Morales.
PERMISIBLE. “Tenemos leyes que establecen multas irrisorias por quemar áreas forestales, por ello, si la multa es baja van a seguir quemando. Tenemos otra norma que amplía de cinco a 20 hectáreas el área de desmonte, y otras leyes de los perdonazos para todos aquellos que quemaron”, detalló.
Si las normas son tan permisibles, se convierten en un incentivo para la deforestación. Por ello, sostuvo que el Órgano Ejecutivo debe cambiar la política para proteger el medio ambiente, cuya alteración puede originar pandemias como el COVID-19.
“Si queremos evitar que estas pandemias se produzcan se debe cambiar la relación con la naturaleza y dejar de devastarla. (…) Estamos en una situación que si el coronavirus es grave, lo que se viene con el cambio climático es mucho peor”, alertó Solón.
El Decreto Supremo 3973 fue promulgado en julio de 2019, durante la gestión presidencial de Morales, un mes antes que se registren incendios forestales en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Esta norma autoriza el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias en Santa Cruz y Beni, en el oriente del país.
Mediante Ley 741, de septiembre de 2015, el anterior Gobierno amplió el desmonte de cinco a 20 hectáreas, mientras que para las penalidades se aceptó una amnistía para incentivar al sector agroindustrial y agroempresarial.
