Ante la dramática situación de los cerca de 700 residentes en Chile que esperan retornar a Bolivia, el alcalde de Colchane, Javier García, anunció que recaba evidencias de este hecho, como videos y testimonios, para denunciar al Gobierno boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el “abandono” de estas personas.
Desde hace cerca de una semana, unas 700 personas que quieren retornar a Bolivia permanecen retenidas en Colchane (Chile), debido a que son impedidos de seguir su paso por efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes hacen cumplir la disposición de cierre total de fronteras dispuesto por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Los afectados denunciaron que no tienen alimento, agua, ni frazadas para permanecer en esa región fronteriza chilena y que por ello tienen que soportar hambre y frío, especialmente por las noches y madrugadas, cuando la temperatura es inferior a los cero grados centígrados.
“Estamos recogiendo pruebas para poder acudir a la CIDH porque este hecho, para mi persona, es constitutivo de delitos que afectan a derechos humanos y es mi deber, como autoridad y abogado que soy, accionar los canales judiciales porque no puedo permitir que se vulneren los derechos elementales en mi comuna”, declaró García a radio Cepra.
También indicó que hace las representaciones respectivas ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, para las cuales también recolecta indicios de abusos a los derechos de los bolivianos retenidos en su municipio. “Se tienen que enterar que un gobierno le cierra las puertas y abandona a la intemperie a sus propios compatriotas”, dijo y resaltó que el hecho que haya algunas personas que tienen su residencia en Chile no implica que tengan una casa para vivir.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el titular de la Dirección General de Migración, Marcel Rivas, denunciaron en pasados días que este en grupo de bolivianos en Colchane fue identificada más de una treintena de “infiltrados” que pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo objetivo es desestabilizar la cuarentena que rige en el país desde el 21 de marzo. No obstante, esta acusaciones fue rechazada por diputados del MAS.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, incluso dijo el jueves que el Alcalde de Colchane es del MAS, aunque a las pocas horas se desdijo con un mensaje en su cuenta de Twitter “Hoy cometí una “EVADA”, mil disculpas al alcalde de Colchane, por haberle tildado de masista”. Al respecto, García dijo que esta acusación “infantil” no merece siquiera una respuesta.
El Gobierno anunció la instalación de un segundo campamento para dejar ingresar a estas personas y tenerlas en cuarentena, para verificar que no padezcan coronavirus, aunque no dio una fecha para conclusión de este sitio. Desde fines de marzo se abrió el campamento Tata Santiago en Pisiga, donde permanecen otros 480 bolivianos que lograron retornar también desde Chile. Murillo dejó abierta la posibilidad de que este sitio habilitado, albergue a este grupo que permanece en Colchane, pero cuando los actuales salgan tras su chequeo, en algo más de una semana.
El ministro de Defensa, Fernando López, en declaraciones a Unitel, pidió a los residentes bolivianos en Colchane una espera para retornar a territorio nacional.
