La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó este viernes el traslado “a su lugar de origen” de los bolivianos parados en distintos puntos del país por motivo de la cuarentena que rige por la amenaza de la pandemia de coronavirus (COVID-19).
La decisión fue asumida en respuesta a una acción de libertad interpuesta por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en contra la presidenta Jeanine Añez y los ministerios de la Presidencia, de Defensa, de Gobierno, de Obras Públicas y de Salud.
En su recurso, presentado a raíz de la presencia de centenares de bolivianos en la frontera con Chile que intentan retornar a sus regiones, pidió la protección del derecho a la locomoción vinculado a los derechos a la salud y a la vida, recuerda un comunicado emitido este sábado por la Defensoría del Pueblo.
El fallo dispone en su primer punto que “de forma inmediata el nivel central del estado, representado por el Órgano Ejecutivo, coordine proveyendo el despacho y la recepción de las personas que se encuentran en tránsito por las distintas razones que sean, a su lugar de origen”.
Para tal efecto, dispuso además que “la Defensoría del Pueblo coopere con el Ejecutivo para la materialización del primer punto de esta Resolución” y finalmente instruyó que el Órgano Ejecutivo “deberá garantizar el traslado que corresponde en función a los protocolos de salud que sean necesarios, evaluando la pertinencia y urgencia de cada caso”.
Actualmente hay 480 bolivianos que permanecen en un campamento habilitado en Pisiga, cumpliendo una cuarentena para descartar un eventual contagio con el nuevo coronavirus. Además, cerca de 700 se encuentran en Colchane, población fronteriza de Chile, esperando ingresar al país.
«La Sala Constitucional ha concedido la tutela en parte a la Defensoría del Pueblo y no de forma absoluta, ha establecido que esa institución debe coordinar con el Órgano Ejecutivo cualquier permiso para que los ciudadanos (varados) puedan movilizarse y el Gobierno debe revisar caso por caso en el marco de las excepciones de los decretos emitidos por el Ejecutivo», dijo en referencia al fallo el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, en una entrevista con la agencia estatal ABI.
Anunció que se concederá de forma excepcional la circulación de los ciudadanos si necesitan atención médica, tienen una enfermedad o presentan un caso fortuito o de fuerza mayor como establece la normativa vigente.
