La Justicia dispuso la detención preventiva de Faustino Yucra en el penal de San Pedro de La Paz por cuatro meses, dentro del proceso que se le sigue por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. El dirigente es acusado de coordinar con el expresidente Evo Morales el cerco a ciudades en noviembre de 2019, tras difundirse un video de la conversación.
El dirigente, quien era buscado precisamente desde noviembre, fue detenido el miércoles en Tarabuco, Chuquisaca, desde donde fue trasladado a la ciudad de La Paz. Sin embargo, al día siguiente fue llevado a la ciudad de Santa Cruz, para que enfrente una audiencia cautelar en otro caso por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y fabricación ilícita de explosivos, proceso en el que la jueza Cuarto de Instrucción en lo Penal, Marianela Salazar, ordenó su detención preventiva por seis meses en el penal de Palmasola.
Sin embargo, el viernes fue trasladado nuevamente a La Paz para que enfrente su proceso por sedición y terrorismo abierto en su contra junto con Morales. Por este caso, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que el Estado pedirá la pena máxima en contra del dirigente cocalero.
La orden de detención en el penal de San Pedro fue apelada por el Ministerio Público. El fiscal Rudy Terrazas indicó que en función a la investigación que se hace del caso, tras la verificación de la autenticidad del video en el que se grabó la conversación entre Yucra y Morales, se solicitó la detención preventiva del dirigente en el penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro por el espacio de seis meses.
En la audiencia cautelar, Yucra se acogió a su derecho al silencio. Sin embargo, cuando era llevado al penal de San Pedro, dijo que era inocente. “Mucho me están coartando mis derechos”. La defensa del dirigente solicitó que la detención preventiva sea cumplida en Palmasola, pero esta solicitud no fue atendida.
Terrazas indicó que la comisión que investiga este caso se reunirá para definir las futuras acciones respecto a la orden de aprehensión que sigue vigente en contra de Morales y a la convocatoria de otros 14 implicados.
