La censura legislativa y posterior posesión del destituido ministro de Defensa, Fernando López, muestra una debilidad jurídica y un evidente conflicto político, coinciden en señalar tres analistas.
López fue censurado por el MAS, que controla el Legislativo, debido a que no asistió por tres veces consecutivas a una sesión interpelatorio. De acuerdo a las normas, la presidenta Jeanine Áñez, lo alejó de cargo, pero horas después volvió a posesionarlo en el mismo puesto.
El constitucionalista Guillermo Encinas consideró que "hay un vacío jurídico" que le abrió el paso a Áñez para volver a posesionar a López, aunque consideró que en lo político esa decisión muestra una “falta de visión política” y una “descuidada” manera de administrar el Estado.
“Legalmente lo que ha hecho la señora Presidenta es correcto, pero legítimamente no lo es. En la lectura del ciudadano, eso no le convence y no le gusta”, añadió.
El Gobierno cuestionó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la censura y lo acusó de intentar desestabilizar al Ejecutivo y a la democracia. La situación se torna más compleja, cuando el Legislativo tiene en lista a otros seis ministros citados a sesiones interpelatorias.
Para el analista Franklin Pareja, la decisión de Áñez denota una clara confrontación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo que podría ser el principio de una cadena sistemática de acciones hacia un clima de inestabilidad política.
“Ambos poderes están confrontados y ciertamente que la variable es absolutamente política, entonces, la respuesta es ratificar y nuevamente posesionar a su ministro. Es más una acción política de no mostrar debilidad pero en el fondo podría generar una acción y una reacción todavía más compleja y más turbulenta”, advirtió.
En criterio del analista Marcelo Silva, lo ocurrido fue una “atípica triquiñuela jurídica y política” debido a que Áñez cumplió con la Constitución Política del Estado al destituir a López en el cargo, pero no hay nada establecido sobre una prohibición para volverlo a nombrar.
“Desde hace mucho tiempo, desde hace 14 años y fundamentalmente en este periodo último, después de la salida de Morales, la ética es el valor escaso de la práctica política boliviana”, cuestionó Silva.
Encinas aseguró que López, ahora que retornó en el cargo como ministro de Defensa, debe “dar la cara” y acudir a una futura interpelación que sea convocado por el Legislativo.
Silva añadió que el Legislativo debe asumir un rol de fiscalizador y no avasallador, mientras que el Ejecutivo debe tener la disponibilidad de responder a los eventos de fiscalización. (10/03/2020)
