En varios países del mundo, la necesaria cuarentena total como medida extrema para limitar contagios y fallecidos por el coronavirus COVID-19 tropieza con problemas de cumplimiento. Ora por necesidad, ora por provocación e indolencia, personas y grupos resisten la medida. Algunos gobiernos apelan a la información y la conciencia ciudadana. Otros, como el boliviano, apuestan por la fuerza pública.
A pocos días de que venza el plazo (ampliado) de la cuarentena decretada el 21 de marzo, el Gobierno provisorio de Janine Áñez se alista para extender la medida. Resta saber por cuánto tiempo, y si será nuevamente en todo el territorio nacional o habrá algunas regiones o territorios “liberados”. La novedad en esta nueva fase es que, además de sanciones (multas, arrestos, denuncias penales) y acciones de vigilancia y control, se anuncia el paso a la militarización. Santa Cruz es la punta de lanza.
Con gran enojo, el ministro de Defensa, Fernando López (censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional), reprendió a la ciudadanía cruceña en general, tildándola de irresponsable. “Lo que está pasando en la ciudad (de Santa Cruz) es realmente vergonzoso”, declaró. Y remató pidiendo “mano dura” ante lo que calificó como “el peor ejemplo de cuarentena para toda Bolivia”. Hoy el departamento de Santa Cruz concentra el 50% de los casos de contagio y fallecidos en el país por COVID-19.
El titular de Defensa pronto tuvo que pedir disculpas por sus palabras. Pero apenas 24 horas después, otra autoridad gubernamental, más bien intrascendente, anunció la decisión de militarizar Santa Cruz desde el próximo martes. Nos referimos al ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, quién informó que el municipio cruceño será cerrado con militares en todos los límites municipales. La medida, con varias amenazas, es coordinada con la Gobernación y con la alcaldesa interina.
A reserva del resultado de la militarización para obligar por la fuerza al cumplimiento de la cuarentena, es crítica la lógica que está detrás de la drástica medida. Con evidente torpeza, el ministro Rojo dijo dos cosas muy preocupantes. Por una parte, declaró que “estamos en guerra”. Por otra, sentenció que en tiempos de guerra el Gobierno no discute con nadie y los ciudadanos “solo obedecen” (sic). Esos aires son propios de dictaduras. Y que se sepa, en Bolivia todavía vivimos en democracia.
Más allá del enojo del ministro López y del exabrupto de su colega Rojo, es fundamental, con o sin uniformados armados en las calles, cumplir la cuarentena como reducto para evitar la propagación del coronavirus. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, sin resignar nuestros derechos a opinar, criticar y fiscalizar. El Gobierno, en tanto, tiene la obligación de generar condiciones para el cumplimiento de sus medidas y brindar información con transparencia. La primera línea contra la pandemia es sanitaria, no militar.
