El Decreto Supremo 4231, que fue firmado el 7 de mayo por la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete, causa alarma entre los artistas, que consideran que la norma es cuando menos un “peligro” para la libertad de expresión.
La norma establece en su artículo único que el Estado se hará cargo de los gastos de radioterapia y/o braquiterapia hasta el 1 de octubre de 2020 a favor de los pacientes con cáncer de escasos recursos económicos y que no cuenten con ningún seguro de salud. La única disposición adicional señala: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
El cuentacuentos Martín Céspedes explica que se trata de un precedente peligroso. “Es la primera vez, que yo recuerde o tenga entendido, que el Estado boliviano, que un gobierno se inmiscuya en el campo artístico desde el control de contenido”.
El muralista Javier del Carpio compara la medida con imposiciones dictatoriales. “Ahora más que nunca el pueblo tiene derecho de estar informado y a su vez, tiene derecho de desarrollar una cultura de lucha en contra de este tipo de imposiciones (…). El arte, a diferencia de los medios de comunicación, es una forma de expresión ligada a la psicología social; el ser humano no puede entender a cabalidad lo que vive, si no lo expresa a través de distintas manifestaciones, el arte como tal es crítico y refleja aspiraciones y objetivos, siempre desde el lugar que ocupa en la sociedad”.
El premio nacional de Novela 2019, Gabriel Mamani, también relaciona el decreto con una actitud totalitaria. “Creo que la disposición es coherente con el tono amenazante y disciplinario de todo lo que dice y hace el gobierno actual. Dicen que lucharon por la democracia, pero jamás toman en cuenta el diálogo, el consenso y la concientización, elementos básicos de cualquier régimen democrático. Solo amenazan, castigan, al más fiel estilo militar”.
Para el escritor, la medida no apunta a detectar información falsa; y es ambiguo y peligroso. “Se mete con el ámbito artístico y eso es jugar con fuego. ¿Una caricatura política puede generar ‘incertidumbre’? ¿La sátira puede ser castigada?”.
En este sentido, Céspedes dice que hay un “vacío” en el decreto. “Preservar la salud o la información respecto a la emergencia sanitaria no merecería ser un justificativo pertinente (recordemos que a nombre de Dios igual se hacen guerras santas). El artículo en cuestión parece ser un globo de ensayo para atentar, además contra la libre expresión en otros medios como el de redes sociales por ejemplo, ya que deja abierto el término escrito y lo separa de impreso (que aparentemente va dirigido más hacia la prensa o publicaciones)”.
La intimidación no debería ser el camino a seguir, para el escritor paceño Rodrigo Urquiola. “Me parece que el término ‘desinformar’ es vago, lo suficiente para inculpar a cualquier persona que manifieste su descontento con ciertas políticas gubernamentales. Amenazar con castigar expresiones artísticas es atentar directamente contra los derechos humanos. ¿Por qué esa necesidad de gobernar a través del miedo? ¿Se quiere administrar un país del silencio, un país sin voz? ¿Cuál es el fin? Calla y serás el ciudadano que necesitamos, ése parece ser el mensaje de este decreto».
«Es cierto que vivimos en una época inusual, una en la que debemos permanecer en casa para cuidar nuestra salud y, por tanto, me parecería más saludable generar ideas para que las personas más necesitadas, aquellas que se ven obligadas a romper la cuarentena por buscar alimento para sus familias, puedan sentirse más protegidas. Así, los irresponsables llamados a romper la cuarentena quizás serían silenciados, sin necesidad de amenazar (la amenaza es violencia) a nadie”, complementa.
La actriz y gestora cultural Erika Andia lamenta la actitud estatal. “Pienso que los artistas no nos merecemos esta afrenta, no hay un antecedente de desinformación o de atentados contra la salud pública de parte de los artistas. Es más, los artistas hemos sido muy generosos con nuestro arte y hemos sostenido la salud mental y la esperanza de toda la población a través del arte en esta cuarentena y lo vamos a seguir haciendo”.
Ella califica a la norma como muy peligrosa para su gremio. “Lo que los artistas nos merecemos son políticas claras y efectivas de apoyo, ya son varios manifiestos y varias cartas que estamos mandando a la ministra de culturas y hasta ahora no hay resultados”.
El sector cultural (especialmente teatro, cine, artes plásticas, danza y literatura) ha enviado propuestas al Ministerio de Culturas para crear políticas de gestión cultural durante la crisis sanitaria. Hace dos semanas hubo una reunión con la cartera estatal y se aguarda un nuevo encuentro.
Nota de opinión
(11/05/2020)
