Justo al cumplirse este lunes dos meses de los primeros casos de coronavirus en el país, este mal pone en apuros a autoridades de Régimen Penitenciario, tras confirmarse la muerte de un recluso por este mal, mientras se espera el análisis de un segundo deceso, y la evacuación de otros cuatro reclusos, con síntomas de la enfermedad, de la cárcel de Palmasola, la más poblada del país.
Desde que el coronavirus llegó al país, autoridades penitenciarias realizaron una serie de acciones destinadas a evitar que el virus ingrese a alguno de los penales, pues ello significaría un peligro para los internos, quienes viven hacinados. Para ello restringieron las visitas a reclusos, instalaron cámaras de desinfección, elaboraron protocolos de seguridad, como que los nuevos internos estén en aislamiento por 14 días para verificar que no portan el mal, y promovieron la aprobación de la ley de nuevo indulto que hasta ahora no se ejecuta, entre otras medidas.
La alerta se encendió la pasada semana, cuando dos internos del penal de Palmasola fallecieron con síntomas de coronavirus. La noche de este lunes el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, informó que el análisis de la muestra de uno de ellos dio positivo al coronavirus, mientras se espera el resultado de la muestra del otro deceso.
Como medida de prevención, Issa informó que 15 reos que tuvieron contacto directo o indirecto con los reos enfermos antes de que fallecieran permanecen aislados en la guardería del penal. Hasta el fin de semana se informó que eran 19 los que estaban en observación. La autoridad no descartó la posibilidad de aplicar otro plan en esta cárcel si es que el COVID-19 se propaga.
Alarmados por esa situación sanitaria, los internos del penal de Palmasola protagonizaron la noche de este lunes una protesta para exigir a las autoridades del Gobierno medidas de bioseguridad para impedir que el coronavirus de propague en ese centro penitenciario, que se constituye en la más poblada del país, ya que alberga a 6.813 reclusos, entre hombres y mujeres, de los cerca de 19.000 privados de libertad en el país, según datos del censo carcelario de 2019. Además, este penal tiene un hacinamiento que llega a 294%, ya que su infraestructura tiene una capacidad para albergar a solo 1.731 internos.
Efectivos de la Policía llegaron al lugar para controlar la movilización de los reclusos, quienes pedían a gritos atención médica y auxilio para los enfermos. Videos que fueron difundidos desde dentro del penal mostraron a un recluso que tenía dificultad para respirar y convivía con el resto de la población penitenciaria, mientras otro reo era llevado en una especie de camilla.
Los reclusos señalaron que se trataba de un motín, aunque otros informes daban cuenta del intento de fuga de reclusos. Las autoridades de Gobierno no emitieron ningún informe oficial sobre este hecho. Durante la tarde, vanos fueron los intentos de este diario por entrevistar a alguna autoridad de Régimen Penitenciario, ya que se encontraban en reuniones.
Durante la noche, se informó que cuatro reclusos de Palmasola fueron evacuados al hospital San Juan de Dios, en la ciudad de Santa Cruz, por tener síntomas de coronavirus.
Régimen Penitenciario difundió un comunicado durante la noche, en el que indica que ante los “posibles” casos de coronavirus en Palmasola, ejecuta seis medidas de prevención: aislamiento de todas las personas con las que tuvieron contacto los dos reclusos que murieron la pasada semana; la desinfección de los ambientes; apoyo de brigadas médicas; celeridad en trámites de indulto; reforzamiento de medidas de bioseguridad en personal administrativo y policial; y reuniones entre autoridades de penitenciarias, la Policía y se salud.
Los familiares de los presos no quedaron al margen de esta situación, pues se apostaron en puertas del penal de Palmasola para exigir que se dé medidas de seguridad a los internos, ya que muchos de ellos no tenían ni siquiera barbijos para evitar el contagio del mal.
Mientras tanto, el nuevo indulto sigue sin aplicarse, pese a que entró en vigencia hace una semana. Autoridades de Régimen Penitenciario anunciaron la pasada semana a este diario que hoy recién iban a empezar con la “socialización” de la norma en los recintos penitenciarios. Autoridades de Gobierno calcularon que 5.068 personas se beneficiarán con esta norma, que estaba encaminada precisamente a reducir el hacinamiento en las cárceles del país que oscila entre 126% y 624%.
