El 9 de mayo, la Coordinadora Nacional de Teatro —que aglutina a más de 500 actores, directores, dramaturgos y gestores de todo Bolivia— hizo público un pronunciamiento en el que se proponen diferentes medidas, a corto y mediano plazo, para que los creadores del país puedan sobrevivir a la crisis que implica la cuarentena decretada por el Estado por la pandemia del COVID-19. La más importante: la promulgación de una Ley de Declaratoria de emergencia de todo el sector de las artes en Bolivia.
“Tuvimos ya una reunión de acercamiento con miembros del Ministerio de Culturas y Turismo y del Ministerio de Planificación la anterior semana. Si bien entendemos que la declaratoria de emergencia rige para todas y todos, nuestro trabajo tiene características diferentes. Y requerimos de otras medidas para poder sobreponernos a las secuelas de la cuarentena”, comenta Mayra Paz, miembro de la coordinadora.
Desde los conflictos que atravesó el país en noviembre de 2019, los artistas nacionales vienen arrastrando perjuicios económicos. Tuvieron que cancelar eventos, talleres y cursos desde entonces. Será uno de los sectores con más restricciones luego de que termine la cuarentena —“lo que hacemos depende concretamente de reunir gente en espacios cerrados, lo cual tendrá que cambiar”— y su proceso creativo toma más tiempo y recursos que la producción de mercancías. Todas estas condiciones los ponen en un estado de vulnerabilidad que requiere otro tipo de apoyo estatal, argumenta Paz.
“Esta declaratoria permitiría la reasignación de presupuestos y la puesta en acción inmediata de medidas que nos ayuden a salir de la crisis en la que estamos por el COVID-19”, detalla la actriz y productora del grupo paceño Tabla Roja.
Entre sus pedidos están la cancelación de los montos adeudados por el programa de Programa de Intervenciones Urbanas —pago que está siendo efectivo de manera muy lenta, afirma Paz— y el lanzamiento de las convocatorias de esta gestión de este proyecto, así como de los Premios Eduardo Abaroa. La realización de ambos estaría asegurada, afirmaron los representantes de las instituciones estatales.
