A 40 días se amplió el plazo para que el Comité Nacional de Bioseguridad apruebe los “procedimientos abreviados” para avanzar en la incorporación de semillas transgénicas en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. El Gobierno calcula ingresos adicionales para agroindustriales y transporte por $us 18 millones y más de 300 mil empleos.
En la reunión de gabinete de este jueves se aprobó el decreto 4238 que extiende ese plazo para evaluar la implementación de las semillas modificadas genéticamente. La ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco, defendió la decisión de avanzar hacia el uso de esas semillas.
Como argumento puso que la población ya consume productos derivados de semillas transgénicas. “Una Coca Cola, una Fanta, quien no ha comido un Snikers, un chicle Clorest, un M&M y las Zucaritas de Kelloggs”, argumentó en una conferencia a la que llevó muestras de esos productos.
En la noche, en una entrevista con el canal estatal, habló del impacto económico. “Podemos generar 300 mil empleos si logramos utilizar la biotecnología en el país, la agroindustria puede generar cerca de 15 millones de dólares adicionales, se incrementaría también, algo que parece raro, pero es importante el servicio de transporte con un impacto de 3 millones de dólares adicionales”, explicó.
La decisión gubernamental es apoyada por organizaciones como la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Otras organizaciones ambientalistas como la Fundación Tierra, sectores sociales y políticos cuestionaron la iniciativa.
“Hay un mito en contra de la biotecnología, cuando en realidad la estamos consumiendo todos los días”, cuestionó Capobianco en el canal estatal. (14/05/2020)
