La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) constató la reducción del 30% de las transferencias del nivel central por coparticipación tributaria entre enero y marzo, y volvió a advertir que generará iliquidez y dificultará el pago de salarios, bienes, contrataciones y la lucha contra el COVID-19. La organización plantea la creación de un fondo de compensación municipal.
“Las alcaldías, están viendo mermados sus recursos debido a la drástica disminución de transferencias del gobierno nacional y la nula generación de ingresos por conceptos de impuestos, tasas y servicios”, dijo Rocío Molina, presidenta de la AMB, que representa a los gobiernos locales de las ciudades capitales, incluyendo El Alto.
En enero de este año las 10 municipalidades recibieron por coparticipación tributaria, Bs 316,47 millones, en febrero, Bs 239,39 millones, y en marzo Bs 231,32 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“Si no tomamos acciones de alivio, en pocos meses municipios como Trinidad o Cobija enfrentarán una crisis, porque los ahorros no alcanzarán para pagar salarios y mucho menos para afrontar los planes operativos anuales”, explicó.
El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad recibió en enero solo Bs 7 millones, en febrero Bs 5 millones, y en marzo Bs 4,8. El de Cobija recibió Bs 3,07 millones el primer mes del año, Bs 2,24 millones el segundo mes y Bs 2,24 millones el tercero.
Para encarar este problema la AMB formó una comisión técnica que solicitó una reunión de coordinación al la cartera de Economía para priorizar recursos, identificar fuentes de financiamiento alternas y ayudar a los municipios pequeños a enfrentar la crisis.
La AMB –dijo Molina–planteará en la reunión, una agenda de propuestas, entre ellas “un fondo de compensación municipal. Se trata de pedir la devolución del 12% del Ingreso Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue retenido desde 2016 a municipios y universidad para la creación del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH)”.
El monto retenido, alcanzaría los $us 495 millones y se pretende que el 50% se destine al plan sanitario para la atención del COVID-19, el 25% para la provisión de alimentos en marco del programa de Seguridad alimentaria, y el restante 25% para el fortalecimiento de empresas y negocios.
“Demandamos que el gobierno nacional escuche al sistema asociativo municipal, que nadie se quede atrás y que de manera coordinada se pueda salir adelante”.
