La presidenta del Senado, Eva Copa, calificó de ‘negligente e inoperante’ al Gobierno de Jeanine Áñez por su demora en la aplicación del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, cuando pasaron dos semanas desde su sanción en la Asamblea Legislativa y se registraron las primeras muertes de reclusos en el penal de Palmasola en Santa Cruz por causa del coronavirus (COVID-19).
“Es negligencia, inoperancia por parte de las autoridades cuando la norma se debería cumplir porque son sectores vulnerables los beneficiados, este decreto ya debería estar ejecutado beneficia a reos con delitos menores para que se descongestione los centros penitenciarios”, indicó la asambleísta el jueves.
El decreto, que beneficia a adultos mayores y población vulnerable de los centros penitenciarios, fue sancionado por el legislativo el 30 de abril y el 4 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado para su puesta en vigencia, tiene el objetivo de prevenir y evitar el contagio y propagación del coronavirus en cárceles en recintos penitenciarios.
Indulto y amnistía
El jueves, tras una reunión de representantes de la Justicia de Santa Cruz y del Órgano Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que desde el lunes próximo se aplicará el indulto y amnistía para reducir el hacinamiento en las cárceles y evitar más contagios y muertes por coronavirus.
Copa indicó que es preocupante y lamentable que se registren muertes de reclusos del penal de Palmasola por el COVID-19 cuando existe una norma para prevenir el contagio en cárceles. “Este Gobierno actúa con tanta negligencia, sabiendo que hay un decreto de indulto que ellos remitieron al Legislativo y que nosotros lo hemos trabajado con prioridad, ya pasaron dos semanas de la aprobación y no se ejecuta”.
El decreto beneficia a internos de centros penitenciarios de 58 años o más, quienes padezcan enfermedades terminales, mujeres embarazadas o con niños lactantes y quienes tuvieran bajo su cuidado a hijos menores de seis años. Se excluye a personas procesadas por delitos graves como violación, trata de personas, feminicidio, homicidio, secuestro o contrabando y a reincidentes, entre otros. Según las consideraciones de la norma, unos 5.063 privados de libertad pertenecen a los grupos vulnerables y de riesgo citados.
Copa agregó que el Ejecutivo debería haber elaborado una reglamentación para que la norma beneficie a las personas de grupos vulnerables que realmente lo necesitan. “Ya deberían hacer el reglamento, sacar los requisitos para que sean más flexibles y muchos puedan optar a esta amnistía e indulto, hablo de personas que hayan cometido delitos menores”.
