Cualquier política pública requiere de evaluaciones regulares sobre su desempeño. Las medidas de aislamiento social actualmente en vigencia requieren ser analizadas, sin ninguna restricción y con mucha transparencia, para que puedan perfeccionarse; pero también para que los ciudadanos entiendan sus razones y lo que se está logrando con ellas.
Ninguna acción del Estado debería ser asumida como definitiva, exenta de mejora o incluso de reversión. Las decisiones públicas persiguen objetivos que deben estar bien definidos y ser de conocimiento de la ciudadanía. De esa manera, se construye legitimidad social.
Existe amplio consenso en que el aislamiento social es una de las pocas herramientas que se tiene a mano para enfrentar la expansión de la pandemia, ante la ausencia de vacunas o tratamientos médicos efectivos contra el coronavirus COVID-19. En Bolivia se ha optado por una cuarentena total que busca ralentizar la tasa del contagio, de manera que el sistema de salud se pueda preparar para manejar razonablemente el problema.
Hay que tener cuidado con las expectativas que se generan en la población en torno a estos objetivos: su éxito no se va a medir por una improbable desaparición de la epidemia, sino con la reducción del ritmo de los contagios, de manera que pueda ser gestionada, incluso hasta el próximo año, sin que el sistema de salud colapse. Para conseguirlo no basta con que los ciudadanos se queden en casa, también se necesita fortalecer la capacidad hospitalaria del Estado, desarrollar un moderno sistema de pruebas e implementar un esquema de control epidemiológico eficaz.
A casi un mes de iniciadas estas medidas, es necesario que la opinión pública empiece a conocer cuál es el horizonte de cumplimiento y el nivel de efectividad de esas tareas. Se precisa saber el grado de avance en el fortalecimiento de estas capacidades, lo cual indicaría si estamos cumpliendo con lo planificado, y al mismo tiempo nos permitiría identificar cuándo podríamos estar listos para flexibilizar la cuarentena. Preocupa la falta de información sobre cuáles son los indicadores y las metas en términos de expansión y control del contagio que se estarían monitoreando, para saber si vamos por el buen camino.
Finalmente, este análisis debería servir para realizar ajustes parciales en su implementación. Por ejemplo, parece racional discutir una ampliación del tiempo de apertura de los establecimientos comerciales, bancos y farmacias al menos hasta las 16.00 horas, a fin de reducir la aglomeración y el estrés que generar realizar estas actividades esenciales un solo día a la semana.
También se debería barajar la posibilidad de ampliar esta restricción, y facilitar algunas actividades como la venta de alimentos procesados en sitios con condiciones controladas o su entrega a domicilio. Debatir sobre el desempeño y las limitaciones de la cuarentena con base en indicadores bien establecidos no debería ser un tabú, sino un proceso normal de una democracia moderna.
