Mediante una carta enviada el 1 de junio a la presidenta Jeanine Áñez, 34 organizaciones de trabajo e investigación social y en derechos humanos demandan la “atención inmediata”, por parte del gobierno central, a los pueblos indígenas de tierras bajas en sus requerimientos sanitarios para enfrentar la epidemia de coronavirus.
“Es urgente desarrollar acciones contundentes y prontas —como el envío de personal de salud y medicamentos, y la socialización de los protocolos de bioseguridad para la prevención y gestión de la enfermedad en aquellas personas que ya se encuentran contagiadas— para atender a los territorios, en coordinación con los gobiernos departamentales, municipales y las autoridades indígenas propias, en el marco del respeto de su autogobierno y libre determinación”, menciona parte de la misiva.
La nota dirigida a Áñez, está yendo “con copia” para el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hasta ayer, 1 de junio, en el país se registraron 10.531 casos positivos de coronavirus. Según el monitoreo efectuado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) radicado en Santa Cruz de la Sierra, de este total, 2.107 casos se ubican en 29 municipios que se sobreponen o colindan con 46 territorios indígenas en los departamentos del Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
Cejis recuerda que entre los territorios con casos positivos está el municipio indígena de Lomerío (Santa Cruz), donde el 28 de mayo se informó del primer paciente contagiado, quien falleció en la misma jornada. A la fecha, el territorio tiene dos casos positivos; sin embargo, las autoridades indígenas han informado que existen varios comunarios con síntomas del mal, pero no tienen manera de conocer si se trata de un resfrío o de coronavirus, debido a la falta de pruebas.
Al respecto, la carta enviada a Áñez señala: “En estos momentos lamentamos la situación que se vive en el territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz) donde hace una semana se confirmó la presencia del virus que se expande de manera descontrolada entre las y los habitantes. En Lomerío viven más de 2.000 familias de la Nación Monkoxí, congregadas en 29 comunidades”.
Las instituciones advierten que dada la precariedad de las condiciones de salud de los pueblos indígenas, la propagación del coronavirus en el sector puede tener consecuencias catastróficas: “De no darse una atención oportuna desde las instancias del Estado a los pueblos indígenas alertamos del impacto que podrían sufrir, el cual, incluso, llegaría a amenazar su subsistencia, enfrentándolos a un etnocidio”.
Las instituciones le ofrecen al Gobierno toda la información que lograron recabar y elaboran día a día sobre la presencia del COVID-19 en los territorios indígenas, además de su capacidad institucional instalada “para que se actúe lo antes posible”.
Entre las organizaciones están el propio Cejis, Fundación Tierra, Cipca, Cedib, Colectivo Casa, Kurmi, Repam Bolivia, Fundación Prodiasur, Unamanta, Semta, Mujeres en Acción.
