En las últimas horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) detuvo a Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud; y a Giovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), por presuntas irregularidades como sobreprecios en la compra de 170 respiradores.
La detención se dio un día después de que el ministro de Salud, Marcelo Navajas, negara la existencia de un sobreprecio en la adquisición de los respiradores por un valor de $us 27.683 cada uno. La empresa española GPA Innova que proveyó los equipos precisó en el programa “Antes de mediodía”, de Fides, que cada equipo tiene un costo de fábrica de $us 7.194, sin contar los precios de distribución.
Incluso Pacheco, ahora detenido, aseguró anoche que el país los adquirió por menor precio en comparación con Brasil y Chile. A ello se suma que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) emitió un comunicado en el que aclara que dio su “no objeción” a la compra por pedido de Pacheco. Navajas conversó con La Razón para dar algunos detalles de la denuncia que pesa sobre la adquisición de los 170 respiradores.
–¿Quién es Fernando Valenzuela en su ministerio y cuál fue su función en la compra de los 170 respiradores?
– Valenzuela era uno de los abogados que ya estaba en la sección jurídica del ministerio y con los cambios que hubo era uno de los últimos que quedaba de los que ya estaban. Le tocó hacer el proceso de compra en los 30 días que yo estoy (como ministro) porque siempre tiene que haber un abogado del ministerio que se ocupa de los asuntos legales en todas las transacciones, ya que el ministerio no compra directamente, si no que solicita y esa solicitud va a una de las agencias, y por supuesto entre esos hay papeles que necesitan la intervención del abogado y a él le tocó hacerlo.
–¿El abogado era de la gestión del exministro Aníbal Cruz o del anterior Gobierno?
– No sé si era del anterior gobierno, pero estaba en la gestión del doctor Aníbal Cruz.
–¿Qué información tiene usted sobre el sobreprecio por el que se investiga a Valenzuela y Pacheco?
– Eso yo no sé, porque la fábrica tiene un precio y el distribuidor, otro. Por supuesto se tiene que correr con una serie de gastos para contratar a una empresa que se ocupe de la garantía, de proveernos insumos, capacitación y todo eso. Lo único que yo sé es que el precio final estaba en el orden de los $us 27.000, pero no sé cuánto se pagó a la fábrica y al distribuidor, en todo caso es un porcentaje que normalmente los distribuidores tienen que ganar, más en un momento en el que no hay respiradores y nosotros los necesitábamos urgentemente.
Pero a mi juicio, toda la transacción para la compra de los 170 respiradores era trasparente; pero en todo caso, ante las denuncias, a mí también me han hecho dudar y es por eso que he pedido que se abra una investigación y ésta tiene que ser hasta determinar si hubo o no delito.
–¿Tendrían que investigar a más personas?
– Eso lo determinarán la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, nosotros hemos pedido esclarecer y hacer la investigación. Estamos trabajando tan duro y en forma tan esforzada, y si viene alguien a aprovecharse sería una pena. Yo todavía creo en la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario.
Pero ni como ministerio, ni como Gobierno, vamos a permitir corrupción, el que sea hallado culpable por actos de corrupción será sometido a la Justicia, es decir, que no puede haber ningún tipo de dudas de que vamos a actuar en forma totalmente transparente, pero es la Justicia la que tendrá que determinar si hubo algún delito o no.
–¿Cuál es el futuro de los 170 respiradores?
Estos 170 respiradores se van a usar en el país, nos sirven, son para transporte (de pacientes), son para cambios, tienen una función útil para nosotros.
