A la ola de recriminaciones al Gobierno de Bolivia por las advertencias a un periodista de la red Gigavisión se sumó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDC), que recordó a la administración de Jeanine Áñez que los periodistas no deben ser “blanco de hostigamiento o acoso”.
“Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa”, señaló en un hilo de Twitter el organismo que rige la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.
El domingo, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que fustigó y advirtió al periodista Junior Arias, de la red Gigavisión, de que no descansará hasta lograr que el profesional rectifique sus denuncias y alusiones a su personal sobre la compra con presuntos sobreprecio e irregularidades de material antidisturbios a finales de 2019.
Según la denuncia, un día después de haber invitado a una empresa brasileña para que le haga llegar su propuesta para la provisión de “225.000 agentes químicos”, el Ministerio de Gobierno cambió de criterio y decidió adquirir, “sin demoras ni dilaciones”, el material a través de un intermediario proveedor, la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos.
El caso
La carta firmada el 26 de noviembre de 2019 por Sergio Zamora, director administrativo de ese despacho gubernamental, hace notar a la firma brasileña que la compra de productos no letales de la Policía Boliviana y el Ejército Nacional ya no será a través de su representante en Bolivia.
Finalmente, de acuerdo con la documentación publicada por ese medio, el 20 de diciembre fue el ministro de Defensa, Luis Fernando López, quien firmó el contrato con el representante de Bravo Tactical Soluctions LLC, Brayan Samuel Berkman.
El Ministerio de Gobierno aclaró que la compra de esos elementos fue “legal y normal”. Consideró que esa adquisición “fue presentada de modo malicioso y manipulador por el Sr. Arias, para construir una historia absurda que suene en redes (sociales) como algo extraordinario y hasta ilegal”.
“Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”, se lee en el texto.
“La verdad del tema que el Sr. Arias manipula es simple. Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y las normas, y cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige”, insiste el documento.
Tras esa publicación, Arias anunció que acudirá a la ONU para pedir medidas cautelares debido a que consideró que estaba en riesgo su integridad física y la de su familia.
Escrutinio
Al respecto, la oficina de la ONU recordó que “en un sistema democrático las autoridades están sometidas a un mayor escrutinio público y deben favorecer el debate bajo un clima de apertura al trabajo de la prensa”.
“Los señalamientos de presuntos actos indebidos deben recibirse con más y no con menos debate. En beneficio del interés público, la respuesta de las autoridades debe consistir en proveer la información que dispongan para arrojar luz sobre la acción noticiosa”, escribió la OACNUDC.
Similar criterio fue expresado el lunes por el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza. “Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de #Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”, escribió en Twitter.
El martes, la organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) también expresó su preocupación por la amenaza a Arias y exigió el Gobierno documentación para contrarrestar las denuncias. El Ministerio de Gobierno dice que la denuncia de la red Gigavisión “de supuesto sobreprecio en un contrato sin licitación es falsa, pero no publica documentos que lo demuestren”, escribió su director, José Miguel Vivanco.
Al contrario, “acusa al periodista de guerra sucia y guerra política. Es una amenaza para toda la prensa de Bolivia”, prosiguió Vivanco.
A cinco días de la denuncia, más que el comunicado del domingo, el Ministerio de Gobierno y su titular, Arturo Murillo, no se ha manifestado aún sobre las denuncias, que prosiguieron con más detalles desde el programa “Detrás de la verdad” de esa red. (03/06/2020)
