La investigación de Fiscalía por la compra con sobreprecio de 170 respiradores alcanzará a funcionarios de la Cancillería que tuvieron participación en el caso. Además, el Ministerio Público solicitará informes al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre su vínculo con el caso.
Así lo dio a conocer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien en declaraciones a los medios desde Sucre confirmó la conformación de una comisión de fiscales que llevará adelante la investigación y otra comisión especial que hará seguimiento y supervisión al caso.
“(La investigación se iniciará) desde la unidad solicitante hasta la conclusión del proceso de adquisición, además de la participación de servidores públicos en el exterior, vía Cancillería, si efectivamente existe la participación de empresas intermediarias, número de proveedores que se presentaron”, detalló.
Por la compra de los respiradores, el embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo, deslindó, en entrevista a medios televisivos, cualquier tipo de responsabilidad en el caso.
De acuerdo con la relación de los hechos, en la operación de adquisición de los equipos de la multinacional española GPAInnova participó el cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, quien aclaró la noche del martes a la red de televisión Uno que solo se encargó de verificar la existencia y el envío delo lote de respiradores a Bolivia.
En el polémico caso, Bolivia pagó $us 27.683 por unidad de respirador. El BID, a través de un comunicado hace dos días, informó que declaró “pertinente” el proceso de adquisición de 170 respiradores. Al respecto, Lanchipa informó que el Ministerio Público solicitará, vía instancias diplomáticas, informes al BID para su investigación.
En el marco de las investigaciones el martes fueron secuestradas las carpetas del proceso de contratación y fueron precintadas las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
“No vamos a permitir que el hambre de este pueblo en esta época de pandemia se convierta en la gula de los corruptos; no importa el nivel gobierno en el que se susciten estos hechos delictivos, tanto en el nivel central, departamental y municipal, que comprometan los recursos del Estado y afectando los intereses de la sociedad”, añadió Lanchipa.
Hay al menos siete personas investigadas: Geovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM); Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, dos funcionarios del BID, otras dos de la AISEM y el ministro de Salud, Marcelo Navajas. (20/05/2020)
