El juez segundo Anticorrupción, Richard Rodríguez, autorizó la salida laboral para el alcalde José María Leyes, quien desde el 29 de mayo guarda detención domiciliaria. La autoridad es investigada por el caso denominado “comidas”, referido a la compra presuntamente irregular de más de 39.000 raciones para policías y militares durante la cuarentena rígida. Esta compra le costó al municipio Bs 488.000.
“El juez nos ha notificado con la autorización para que el alcalde pueda salir a cumplir sus funciones en un horario temporal de lunes a viernes y con los custodios correspondientes”, informó el abogado del burgomaestre, Jimmy Almanza.
La orden judicial fue emitida la tarde de este miércoles. De acuerdo a la disposición, Leyes podrá trabajar de 07.00 a 14.00, de lunes a viernes, bajo vigilancia de sus custodios. De requerir más horas destinadas a reuniones extraordinarias, fuera de agenda, el burgomaestre deberá tramitar una autorización específica y con la debida antelación.
La salida laboral fue solicitada el lunes, después de que Rodríguez autorizará el derecho al trabajo y pidiera a los abogados de la autoridad la respectiva tramitación. La solicitud tuvo algunas observaciones que, luego de ser subsanadas, fue aceptada.
Del mismo modo se notificó al Comandante Departamental de la Policía, coronel Franz Sellis, para que destine efectivos que custodien al burgomaestre.
La denuncia fue realizada el 27 abril, por Edwin Jiménez, concejal del Frente Unico; Carlos Coca, de Demócratas; y Celima Torrico, del Movimiento al Socialismo (MAS). Acusaron al alcalde de la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Días antes, los uniformados reclamaran por la entrega de alimentos en mal estado. La información llegó a Murillo, quien pidió a los concejales fiscalizar al alcalde, y si hay irregularidades, denunciar.
En la revisión de los documentos de adjudicación, los concejales observaron que Bunker Grill, contratada por invitación directa, no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), requisito para la firma de contratos.
Durante la audiencia, se conoció que el proceso de contratación se hizo el 16 de abril y en dos horas. Según el Ministerio Público, hubo irregularidades como la inexistencia de un documento base de contrataciones, cotizaciones a otras empresas y en tiempo récord.
