La Procuraduría del Estado activó este miércoles una investigación en la Cancillería, el Ministerio de Salud y la estatal AISEM por la denuncia de sobreprecio en la compra de respiradores españoles para combatir el COVID-19. El caso derivó en el alejamiento del cargo del ministro Marcelo Navajas.
El procurador José María Cabrera anunció que el inicio de una “investigación independiente, jurídica y objetiva”.
“Esta mañana ha sido recibido en el Ministerio de Salud, de Relaciones Exteriores y en la Dirección de AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) el requerimiento procuradorial de inicio de investigaciones para que en un plazo no mayor a las 24 horas se remita a la Procuraduría General del Estado los contratos y toda la documentación del proceso de contratación, así como también documentación sobre los procesos de pago”, explicó.
Según Cabrera, el objetivo es establecer en el corto plazo las responsabilidades sobre las denuncias de hechos irregulares entorno a la adquisición de los 170 respiradores. El precio por unidad es de $us 27.683, cuando el precio de fábrica es de $us 7.099, aclaró el martes el gerente general de la empresa española GPA Innova, Pau Sarsanedas, en el programa Antes del Mediodía de radio Fides.
Los funcionarios Geovanni Pacheco, director general de AISEM, y Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fueron aprehendidos el martes por este caso y hoy se aprehendió a Navajas, quien luego fue reemplazado en el cargo por Eidy Roca, quien cumplirá el rol de manera interina.
Otros dos funcionarios relacionados con el BID y otras dos de la AISEM son investigadas.
Cabrera aseguró que se requerirá información de toda institución que pueda aportar a las investigaciones que, dijo, serán de forma imparcial y objetiva.
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“Los financiadores (en este caso el BID) puede ser que tengan alguna documentación que interese (…) Es imprescindible el esclarecimiento de los hechos, el pueblo está demandando conocer la verdad”, dijo el Procurador.
