Comienza la transición a la nueva normalidad post pandemia y es necesario reflexionar sobre lo que vendrá en el sector productivo que como siempre será el que defina los parámetros económicos del país en el corto, mediano y largo plazo; de manera particular en el sector minero del cual se ocupa esta columna. Históricamente este sector se desenvuelve en un ambiente permanente de crisis desde la nacionalización de las minas en 1952 por el indefinido resultado de una lucha constante entre intereses corporativos y los del Estado, actores que pretenden pero nunca concretan una estructura sectorial adecuada al potencial minero del país y a sus características de enclave geográfico y de generación de materias primas minerales.
Hace casi una década en un libro que tuvo bastante éxito y en el que participé junto a otros especialistas (Los dilemas de la minería, Fundación Vicente Pazos Kanki. La Paz, Bolivia. 2012) y en muchas entrevistas en los medios de comunicación, puntualicé sobre estos dilemas irresueltos de la industria y sobre posibles soluciones. El tiempo pasa y seguimos montados a este columpio de indefiniciones; el lector acucioso puede acudir a la publicación citada, aquí deseo puntualizar lo que considero apremiante si queremos avanzar: 1) Todo el mundo conoce nuestro gran potencial minero, ¿Queremos desarrollarlo? 2) ¿Queremos hacer minería de clase mundial con este potencial o mantener nuestra irrelevante estructura sectorial actual? 3) ¿Podemos y queremos garantizar seguridad jurídica al capital privado nacional y/o extranjero para que participe en todas las fases de la industria? 4) ¿Estamos abiertos a modificar la ley sectorial actual y otras normas para definir una nueva estructura sectorial? 5) En caso negativo, ¿Tenemos la capacidad adecuada para emprender estos cambios con la sola participación estatal? Y podemos seguir.
La situación actual del sector es muy delicada, las minas importantes han terminado o están por terminar su vida útil, las minas chicas y cooperativas se hunden en su dependencia de los precios internacionales de los metales, solo la minería informal cooperativa y aquella ilegal del oro están florecientes pero dejan muy poco para el Estado y producen reyes chiquitos que se enriquecen con la explotación inmisericorde de la mano de obra desocupada del país. Patético para un país que era líder de la minería continental y en algún caso mundial en los albores del siglo XX. Comibol agoniza, ya no controla el Mutún, tampoco los Salares, patalea en Huanuni, Corocoro, Colquiri, Karachipampa; no tiene capacidad para generar nuevos emprendimientos (v.g. Mallku Khota, Amayapampa). Así la minería boliviana es la gran ausente de las estadísticas mundiales, ya nadie nos toma en cuenta, las poquísimas empresas que están hoy en Bolivia están con el Jesús en la boca rogando para que no haya avasallamientos o nuevas estatizaciones.
Hemos hecho una pésima administración de nuestro potencial en la era republicana, peor en el reciente intento plurinacional. Cabe pues, otra vez, empezar de cero, contestar las preguntas que esbozo, definir un camino crítico para el sector y generar sinergias útiles con los operadores importantes, dejar la retórica y el discurso fácil y empezar a contestar la primera de las preguntas ¿Queremos desarrollar el potencial minero y administrarlo adecuadamente?, o ¿colocamos un candado al sector minero y empezamos a andar hacia la visión idílica de la pretérita Arcadia de los soñadores de siempre? Hay muy poco margen para el error en ambos casos, la actual pandemia nos enseña que es fácil administrar la riqueza pero es muy difícil generarla.
Dionisio J. Garzón M., ingeniero geólogo, ex ministro de Minería y Metalurgia.
