La empresa española IME Consulting amenazó con demandar a Bolivia por “daños y perjuicios” si en un plazo no mayor a 48 horas no cancela los más de dos millones de euros (un poco más de $us 2 millones) restantes por la compra de 170 respiradores que llegaron a costar más de $us 4 millones.
Ignacio Mazarrasa, gerente de la empresa intermediaria IME Consulting, advirtió en una entrevista con el diario español El Correo que demandará a Bolivia si “en un plazo de 48 horas no les paga la mitad del contrato (más de 2 millones de euros) que tiene pendiente de abonar”, pero además calificó el “escándalo” de los respiradores de “un montaje político” y lo asoció a la cercanía de las elecciones presidenciales.
Según el empresario, su “intención es llevar este asunto con transparencia total” y dijo al diario que se puso en contacto con el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, para remitirle “toda la documentación” de la transacción, en la que IME Consulting iba a percibir un 20% de los más de 4 millones de euros de la transacción ($us 4,8 millones).
Su margen de ganancia era 800.000 euros ($us 875.000). “En este sentido, asegura que si las autoridades no están conformes con la operación él está dispuesto a que le devuelvan los respiradores”.
En La Paz, Coimbra advirtió este jueves que se requerirá, en cooperación con el Ministerio Público de España, que los ejecutivos de la firma intermediaria, que compró a los proveedores GPA Innova los respiradores, respondan a un cuestionario de preguntas sobre el caso.
“Queremos que se nos establezca la situación legal de esta empresa y en su caso también vamos a empezar un proceso en contra de la empresa solicitando una conciliación de cuentas”, señaló en una conferencia de prensa.
La administración de Jeanine Áñez compró 170 respiradores. Llegaron al país el 14 de mayo y de ese total, 30 fueron entregados ese mismo en Santa Cruz para la atención médica de pacientes críticos por el COVID-19.
Dos días atrás el gerente de la empresa GPA Innova, Pau Sarsanedas, en entrevista con el programa Hasta el Mediodía de radio Fides, detalló que los respiradores enviados a Bolivia tienen un costo de entre 6.000 y 9.000 euros ($us 6.000 y $us 9.000), pero se pagó por cada uno un poco más de $us 27.000.
Esta irregularidad generó la aprensión de funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), del Ministerio de Salud y del ex ministerio Marcelo Navajas, quien afronta un proceso por siete delitos.
“Nosotros queremos que (este caso) tenga una sentencia y se encuentre a todos los responsables, no vamos a esconder la basura debajo de la alfombra, vamos a barrer y botar la basura”, dijo Coimbra.
